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POLÍTICA Cámara aprueba junta de supervisión fiscal con menos facultades

En el último día de aprobación de medidas en la Asamblea Legislativa, la Cámara de Representantes aprobó este jueves en votación partidista el proyecto que crearía una junta de supervisión fiscal que sirva para dar garantías sobre el estado financiero del gobierno en el marco de la reestructuración de la deuda pública, aunque los poderes del ente propuesto por el Ejecutivo fueron minados sustancialmente a lo largo del trámite legislativo.

El Proyecto del Senado 1513 (P. del S. 1513) fue la pieza más significativa aprobada al cierre de la jornada legislativa, en la que quedó pendiente el Proyecto del Senado 1523, que crearía la “Ley para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica”. La sesión ordinaria concluye el martes, y hasta entonces solo podrán considerarse las piezas legislativas que hayan sido aprobadas hasta este jueves por ambos cuerpos legislativos.

Aunque el proyecto sobre la Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica que avaló la Cámara mantendría, a grandes rasgos, las limitaciones en los poderes y el ámbito de acción que le impuso el Senado el miércoles, las comisiones camerales de Gobierno y Hacienda ignoraron la versión aprobada por el Alto Cuerpo y le incluyeron a la medida numerosas enmiendas que lograron que, al final del camino, prevaleciera la pieza trabajada en la Cámara.

“Estamos dándole trámite al P. del S. 1513, pero lo estamos enmendando con el producto final y el trabajo y el esfuerzo de los compañeros de la Cámara de Representantes a través de la Comisión de Gobierno y la Comisión de Hacienda y Presupuesto”, advirtió el representante Rafael Hernández Montañez, presidente de la Comisión de Hacienda, al comenzar su turno para defender las enmiendas realizadas al proyecto del Ejecutivo.

Las diferencias entre el Senado y la Cámara tendrán que dirimirse en un comité de conferencia, que será constituido durante los próximos días con la intención de que ambos cuerpos legislativos alcancen un acuerdo en torno a las enmiendas.

Hernández Montañez subrayó que la mayoría de los cambios que hicieron buscaban evitar que la junta usurpara poderes constitucionales garantizados a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo, y que pudiera ser retada en los tribunales.

“El propósito de esta medida es darle balance (de poderes), es poder ejercer lo que es la democracia de una forma responsable, pero empezar a darle certeza y transparencia y cumplimiento, lo que lamentablemente no han hecho algunos funcionarios de muchas administraciones”, sostuvo Hernández Montañez.

Al igual que la versión del Senado, las enmiendas incluidas por la Cámara eliminan la facultad de la junta de aprobar el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal que se elaborará por un término de cinco años, y le confiere poderes solo para “endosarlo”. Igualmente, le retiran la potestad de aprobar los presupuestos de las agencias públicas fiscalizadas, y únicamente se le permite “emitir un endoso”, si la dependencia gubernamental cumple con los objetivos del plan económico.

Si la agencia no cumple con esos propósitos, en lugar de no aprobar el presupuesto, la junta hará una serie de recomendaciones al gobernador y a la Legislatura.

Una de las principales diferencias entre las versiones aprobadas por ambos cuerpos es que la Cámara mantuvo la asignación presupuestaria de $1 millón mensuales para que la junta pueda funcionar. El Senado había eliminado esa asignación, y había dispuesto que el ente propuesto siguiera el trámite ordinario de las demás agencias, que solicitan sus partidas a la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

La medida ratificada por los representantes mantiene en iguales términos la inmunidad que gozarían los cinco miembros de la junta en la esfera civil, pero elimina por completo las exclusiones que tenían en la aplicación de algunos estatutos como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”, la “Ley de Parámetros Uniformes en los Proceso de Contratación de Servicios Profesionales y Consultivos para las Agencias y Entidades Gubernamentales” y la “Ley de Ética Gubernamental”.

La Cámara acogió una recomendación del director ejecutivo de la OGP, Luis Cruz Batista, y dispuso sobre un período de transición para el inicio de operaciones de la junta en la evaluación del próximo presupuesto, y estableció que si el organismo no está constituido antes de que comience el mes de febrero y no ha sido elaborado el plan económico, la evaluación y aprobación del presupuesto seguiría el trámite ordinario.

La representante Jenniffer González, portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), consumió un turno de más de una hora para criticar la medida legislativa y censurar la política fiscal de esta administración.

“Esta medida no va a resolver el problema. Esto no va a reducir los gastos (del gobierno). No va a mover la economía y crea otro ente burocrático para seguir obstaculizando la aprobación de medidas”, sentenció la expresidenta cameral.

El representante popular Luis Vega Ramos reconoció que todavía quedan detalles que definir con el Senado, pero dijo que lo importante en esta etapa es que ambas cámaras han coincidido en la necesidad de limitar los poderes de la junta para evitar que intervenga en el diseño y la ejecución de la política pública.

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