Alcaldesa de Ponce sentenciada a cumplir orden judicial

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(Ponce) – La juez Rosaline Santana Ríos del Tribunal de Primera Instancia de Ponce sentenció a la alcaldesa María E. Meléndez Altieri a entregarle al legislador municipal Luis M. Irizarry Pabón los documentos que certifican la contratación de personal de confianza en el Municipio de Ponce luego de ponerse en vigor la reducción de la jornada laboral a los empleados municipales y la reducción de un 10 por ciento al salario del personal de confianza y los jefes de agencias.En la sentencia, fechada el pasado 4 de abril, la juez Santana Ríos ordena que le suministren a Irizarry Pabón, portavoz de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) en la Legislatura Municipal, “la información de los puestos por categoría, entiéndase, de carrera, confianza, transitorios, irregulares, por convenio o ley, el departamento al que están adscritos y el salario que corresponde a cada uno de los puestos  para los años fiscales 2012-13, 2013-14, 2014-15 y 2015-16”.

 

El Tribunal clarificó que su determinación no incluye acceso a expedientes de empleados municipales ni a los nombres de los contratados durante el período del reajuste de la jornada laboral.

 

“La parte demandada deberá dar fiel y estricto cumplimiento a lo aquí ordenado dentro del término perentorio e improrrogable de 20 días contados a partir de la notificación del presente escrito. De incumplir con las órdenes del Tribunal dentro del término establecido se le impondrá el pago de una sanción económica de $50.00 por cada día de atraso en su cumplimiento”, dictaminó la jueza.

 

En función de sus facultades investigativas y fiscalizadoras, Irizarry Pabón, representado por el Bufete Emmanuelli, presentó en octubre de 2015 la Solicitud Perentoria de Mandamus contra Meléndez Altieri y el Municipio de Ponce. Demandó la entrega de un informe certificado sobre el reclutamiento de personal de confianza en violación de la Ordenanza 75 que frenaría la contratación de nuevos empleados durante el tiempo de la reducción del horario regular de los trabajadores municipales. Sin embargo, los demandados se negaron insistentemente a suplir dichos documentos y luego de varias vistas judiciales, la juez Santana Ríos resolvió acoger el reclamo de Irizarry Pabón.

 

La sentencia del Tribunal avala la función fiscalizadora de las minorías y sobre el acceso a la información pública cita varios precedentes, entre éstos, mediante un escrito del profesor Efrén Rivera Ramos que resalta que “permitir que el gobierno maneje los asuntos públicos bajo el manto de secretividad es invitar a la arbitrariedad, la mala administración, la indiferencia gubernamental, la irresponsabilidad pública y la corrupción. Una ciudadanía alerta y militante contra estos males potenciales de toda maquinaria gubernamental solo puede realizar su función fiscalizadora si tiene a la mano la información que le permita descubrir a tiempo los focos de peligro y exigir responsabilidades”.

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