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COMISION CAMERAL DESTAPA POSIBLE NULIDAD DE CONTRATO ENTRE CARRETERAS Y METROPISTAS

EL CAPITOLIO-La Comisión Conjunta para las Alianzas Público Privadas de la Asamblea Legislativa, presidida por Jesús Santa Rodríguez, llevó a cabo hoy una audiencia en la que requirió de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) un informe sobre las gestiones que esta corporación realiza para auditar el cumplimiento con los términos contenidos en el contrato entre ACT y Metropistas, esta última la Alianza Público Privada (APP) que opera las autopistas PR-5 y PR-22. Ambas carreteras eran las que más ingresos dejaban a ACT antes de formalizarse esta alianza.

A la audiencia acudieron la directora ejecutiva de la ACT, Carmen Villar, y Deliris Ortiz, de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP).

Durante la vista, se cuestionó a las comparecientes específicamente sobre la negociación de la extensión por diez años del contrato de la referida APP, la cual no se había hecho pública y solo salió a la luz luego de que se recibiera información periodística de España.

Trascendió en la audiencia de hoy que esas negociaciones comenzaron tan temprano como en mayo de 2015 y, luego de varios meses de discusiones, el contrato fue firmado el 19 de abril de 2016, día que coincidió con una vista pública convocada por la comisión a la que ACT no compareció. Finalmente, durante el día de hoy, -fecha en la que fue citada la audiencia que inquiriría sobre esta transacción- la funcionaria Ortiz confirmó que ya el acuerdo había sido consumado con el pago de los $100 millones temprano en la tarde.

Se supo que el contrato, según aprobado, provee para el pago de $115 millones. A cambio de eso se extiende su duración por diez años, se permite el cobro de peaje en ambas direcciones de estas carreteras y se aumenta en cinco centavos por estación la tarifa, además de permitirse el redondeo del cálculo de aumento automático por cinco centavos adicionales a los otros incrementos mencionados.

También, se reduce la participación de la ACT en los ingresos del carril dinámico, de un 50 por ciento a un 25 por ciento. Ello podría representar una merma anual en ingresos de aproximadamente un millón de dólares anuales, sólo en ese renglón.

Santa Rodriguez también cuestionó el hecho de que no se le diera conocimiento alguno a la Legislatura ni a la Comisión que él preside sobre estas negociaciones ni de la firma del contrato. “El artículo 10 (e) de la Ley 29-2009 para las Alianzas Público Privadas requiere que cualquier extensión del término de un contrato de APP sea aprobada por la Legislatura. Ello no se cumplió en este caso. No estamos satisfechos con la explicación de las deponentes sobre los fundamentos legales para incumplir con esa disposición de ley. La política pública tras la ley de las APP es que cualquier proceso sea uno de la más alta transparencia, especialmente cuando se enajenan bienes del pueblo por largos periodos de tiempo. Estas extensiones de término no pueden llevarse a cabo sin que la Legislatura conozca y apruebe lo que está ocurriendo“, dijo el Representante.

Asimismo, al ser cuestionadas en torno al destino de los fondos recibidos como resultado de esta transacción, las deponentes no pudieron dar explicación, ante lo cual, el representante Santa sentenció que habría de evaluar la posibilidad de tomar acción legal para que se aclare si este procedimiento cumplió con lo estatuido en la Ley 29.

“Si no se cumplió con lo establecido en la Ley 29, este contrato es nulo y debe ser revertido de inmediato”, añadió el representante Santa, para concluir que el propósito de las APPs debe responder a los mejores intereses del pueblo, no a los de los privatizadores.

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