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LEGISLAN A FAVOR DE LOS DERECHOS DE EMPLEADAS DOMESTICAS

La Cámara de Representantes aprobó una iniciativa de las representantes Yashira Lebrón, Lourdes Ramos y María Milagros Charbonier, que crea la Carta de Derechos de Empleados y Empleadas Doméstica, que concede derechos laborales que disfrutan otros gremios y aclarar la aplicabilidad de las leyes que les rigen.

Ramos reacionó con entusiasmo a la aprobación legislativa de este proyecto, que hace justicia a trabajadoras domésticas – en su mayoría de nacionalidad dominicana-, que trabajan cerca de seis días a la semana pero no perciben beneficios marginales que son mandatorios para otros empleados.

El Proyecto de la Cámara 2383 recibió el endoso del Departamento del Trabajo, Justicia, Procuraduría de las Mujeres, y del Ombudsman, a través de la Procuraduría de Pequeños Negocios.

“Luego de un ponderado análisis no encontramos justificación razonable para mantener a estas personas empleadas en este sector de la economía sin las protecciones mínimas que gozan todos los demás empleados”, reza el Informe de la Comisión de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro, que lo presentó para la aprobación del pleno.

Mediante la Carta de Derechos de la autoría de las legisladoras novoprogresistas Lebrón, Ramos y Charbonier, los trabajadores de este sector podrán exigir contrato firmado entre las partes, se les garantiza un salario mínimo, el pago de horas extras, días libres garantizados, jornadas laborales no excesivas, periodos de descanso y pago de días de vacaciones y por enfermedad.

En su mayoría estos trabajadores son mujeres, jefas de familia y el único sustento en el hogar. Esta legislación de justicia social también permitirá que eventualmente, estos trabajadores y trabajadoras puedan percibir los beneficios de seguridad social, cuando no estén aptas para trabajar.

El Informe hace constar que estas trabajadoras, al realizar trabajos en residencias privadas, carecen de una fiscalización adecuada que evite violación de sus derechos laborales que en ocasiones rayan en transgresión de derechos humanos.

Con la aprobación de esta inciativa de Lebrón, Ramos y Charbonier, se protege igualmente el interés público, al restringir la economía subterránea y se reduce la evasión de contribuciones, lo que permitirá al gobierno allegar más recursos al fisco.

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