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Pese a los altos porcentajes de migración de puertorriqueños en los últimos años a consecuencia de la situación fiscal que atraviesa el País, la capacidad de infraestructura de la Administración de Vivienda Pública (AVP) es limitada, mantiene a 28, 110 solicitudes en lista de espera y algunos de los que logran mudarse al sector privado terminan regresando por las barreras económicas que se les presentan.

Este es el caso de Viviana (nombre ficticio para proteger su identidad), una joven madre, que cuenta con estudios universitarios, y que en algún momento logró superarse hasta conseguir una residencia propia, pero más tarde regresó al programa de vivienda pública y ante la larga espera por algún espacio decidió buscar ayuda en un programa del Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ).

Su historia en particular es similar a la de otras personas que debido a los obstáculos que encuentran en el camino de obtener una mejor calidad de vida deciden reincorporarse al sistema de vivienda pública o rechazan la idea de mudarse a un lugar privado. También están aquellos casos de quienes por situaciones de apego a la socialización que se da en los residenciales desisten de sustituirlos por un hogar en el sector privado.

Ante este panorama, el administrador de Vivienda Pública, Gabriel López Arrieta, dijo a EL VOCERO que dicha entidad gubernamental no recoge una estadística de las personas que hayan vivido anteriormente bajo el programa de vivienda pública, aunque fue enfático en que promueve que los residentes salgan del sistema.

“No significa que todas estas solicitudes es de personas que están en la calle, yo puedo tener un gran número de solicitudes que son inclusive de otros residentes bonafides, que a lo mejor pues ya quieren independizarse y están solicitando a residenciales o que están en un residencial y están solicitando a otro, que a lo mejor pues ya quieren independizarse o que viven en un residencial y están solicitando a otro residencial público”, explicó.

El sistema de vivienda pública sostiene a cerca 160 mil residentes bonafides y la infraestructura de las unidades está capacitada mayormente para familias con una necesidad de cuatro a cinco habitaciones. Mientras que los datos ofrecidos por la entidad indican que de las 28 mil solicitudes, unas 17,296 corresponden a unidades de un solo cuarto y  6,728 para dos cuartos. Mientras que la minoría de la demanda (75 solicitudes) en vivienda pública recae en familias que necesitan unidades con cinco habitaciones.

López Arrieta aceptó que casi el 80 por ciento de las unidades que provee el sistema fue pensado para familias grandes y que debido a las nueva tendencia de familias pequeñas, las necesidades de las personas se han transformado, pero no así las infraestructuras. La situación de adquisición de nuevos complejos residenciales por parte del Departamento de la Vivienda se convirtió en un reto desde hace unos años debido a los onerosos costos en el sector privado y por los recortes en fondos federales que ha realizado el Congreso de Estados Unidos.

Asimismo, el titular señaló en que las viviendas públicas fueron creadas con la idea de que se convirtiera en un hogar transitorio para las personas que atravesaban cierta situación económica, sin embargo, el concepto se perdió desde hace unos años porque aunque las familias se recuperan económicamente, no liberan la unidad y es una situación que pasa de generación en generación. El administrador de Vivienda Pública comentó que viendo esta situación lo propio es impulsar un nuevo modelo de vivienda.

“Lo importante también es que yo simplemente no puedo quedarme como administrador y como agencia planteando que la vivienda pública es temporera y que hay que salir. Yo tengo que crear los mecanismos para que la gente pueda salir”, expresó López Arrieta.

Habló también sobre ciertas alianzas para fomentar una cultura de superación dentro de los residenciales, específicamente con el Departamento de Educación (DE) y con varios recintos universitarios para impulsar el empresarismo a temprana edad. “El 80 al 90 por ciento de los niños de algunas de las escuelas del DE provienen de residenciales públicos”, detalló.

Esta información relacionada a los niños del País contrasta con los datos revelados recientemente por la ‘Kids Count Data Book’ del 2016, donde se reseñó que más de 700 mil niños puertorriqueños viven en zonas categorizadas bajo pobreza extrema.

Dicho estudio liderado localmente por el IDJ establece que el 84 por ciento de los menores puertorriqueños viven en zonas de alta pobreza y más de la mitad de sus padres no tienen un empleo seguro, situación que perjudica la seguridad económica y las condiciones para que se desarrollen al máximo.

Presiona para acceder a los datos demográficos del sistema de Vivienda Pública en Puerto Rico.

Prevalecen altos costos en adquisición de viviendas

El secretario del Departamento de Vivienda, Alberto Lastra Power coincidió con López Arrieta, en que los altos costos por la adquisición de locales residenciales en el sector privado no solo afecta a las personas que viven en residenciales públicos y se superan, sino que aquellos que por su propia cuentan desean adquirir un lugar para vivir.

Lastra Power hizo un contraste entre la situación económica en la industria de la vivienda y la crisis hipotecaria que se originó en el 2006 a nivel de Estados Unidos, cuyas repercusiones se hicieron sentir en la Isla y se extienden hasta los tiempos actuales. Esta crisis internacional cobró notoriedad en el 2008.

“Es un mercado que está frágil, aún para viviendas accesibles porque cuando cayó el mercado en el año 2006 a 2007, la banca privada aumentó los requisitos al momento de cualificar a una persona para la compra de la casa”, dijo.

Según el titular, la compra de viviendas se han convertido en un reto, especialmente en el proceso de cualificación para comprar las residencias ya que los bancos están siendo más rigurosos en el proceso. Es por ello, que el sector del alquiler de residencias ha cobrado auge en tiempos recientes a nivel local.

“Hay personas que incluso se han mudado a casas por alquiler pagando menos de lo que pagaban y al final la casa principal es de ellos. Todo eso son métodos que están buscando las personas para no perder propiedades y de momento se crea este mercado de venta casi improvisado donde las personas buscan más alquilado y menos compras”, explicó.

Reconoció además que es difícil obtener financiamiento para los desarrolladores y que las herramientas para obtener vivienda son las que provee la agencia a través de programas como subsidio de Sección 8, créditos contributivos federales y entre otros. Estos programas están dirigidos al alquiler y a que desarrolladores fomenten la construcción de edificios para alquiler de apartamentos.

De acuerdo a Lastra Power, muchas de estas unidades se están creando en centros urbanos y con la idea de rescatar lugares abandonados. “Hemos redirigido nuestra política pública a buscar cómo poblamos los centros urbanos”, enfatizó.

“Eso es a través de todo Puerto Rico, yo no establezco las propiedades. Yo abro la ronda competitiva y por ejemplo en estos casos, si hay algún terreno dentro de los municipios y que el municipio aporte en  la tierra o ponga fondos federales de los que ellos tienen para hacer infraestructura y que ellos le reduzcan los arbitrios que tengan que pagar. Todas esas cosas van a ayudar a los desarrolladores a que puedan ganar proyectos en sus municipios”, explicó.

Asimismo, el secretario hizo un llamado a todo desarrollador para que someta sus propuestas de vivienda asequible en todos los centros urbanos de Puerto Rico.

 

Nota El V ocero

Pierde vigencia modelo Vivienda Pública

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