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Vega Ramos y Natal Albelo radican medida para que representante de PR ante JCF esté sujeto a Ética Gubernamental

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Piden a Gobernador incluirlo en Sesión Extraordinaria

(El Capitolio. 1ero de diciembre de 2016). – Los representantes Manuel Natal Albelo y Luis Vega Ramos anunciaron la radicación de un proyecto de ley que enmendaría la Ley de Ética Gubernamental para aclarar su jurisdicción y alcance a la representaciónn del gobernador de Puerto Rico ante la Junta de Control Fiscal, establecida por virtud de la Ley Pública 114-187 del Gobierno de los Estados Unidos. Además, solicitaron al gobernador Alejandro García Padilla que enmiende la convocatoria a una sesión extraordinaria para incluir dicha medida.

Las acciones de estos legisladores surgen luego de que la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario Vega, señalara que dicha entidad no tiene autoridad sobre el representante del gobierno de Puerto Rico a la Junta de Control Fiscal creada por la ley federal conocida como PROMESA.

El designado por el gobernador electo, Ricardo Rosselló, a dicha posición, el licenciado Elías Sánchez, ya ha adelantado que no descarta tener contratos con el nuevo gobierno ni tampoco el ejercicio privado de su profesión.

“El representante del gobierno de Puerto Rico en la Junta va a tener acceso a mucha información sensitiva sobre decisiones que afectan a Puerto Rico. Debe estar sujeto a unas normas éticas que le exija Puerto Rico. Diferimos de la directora de Ética Gubernamental de que no está cubierto por la definición actual de servidor público de nuestra Ley de Ética Gubernamental, pero para que no haya dudas presentamos esta legislación y solicitamos del Gobernador que la incluya en la extraordinaria que está corriendo”, explicó Vega Ramos.

La Ley de Ética Guberbamental de Puerto Rico define como servidor público a toda persona en el gobierno que interviene en la formulación e implantación de la política pública o no, aunque desempeñe su encomienda permanente o temporalmente, con o sin remuneración.

El Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act dispone que el gobernador de Puerto Rico o su representante designado será miembro ex oficio de la Junta impuesta al Gobierno de Puerto Rico.

“Se trata de una medida de transparencia sobre un designado que tiene el deber de representar el interés público de Puerto Rico frente a una Junta con amplios y peligrosos poderes. Nos opusimos a la misma y seguimos opuestos. Pero mientras exista, quien represente al gobierno de Puerto Rico debe estar sujeto a nuestras reglas de ética gubernamental para evitar tan siquiera la apariencia de conflicto de interés. La aprobación de este proyecto es una medida cautelar que no debe provocar controversia”, dijo el representante Natal Albelo.

“El hecho que el licenciado Elías Sánchez no ostente un cargo remunerado o un contrato para representar al gobierno ante la Junta no puede ser pretexto para que no responda ante la Oficina de Ética Gubernamental. Por ello y para evitar interpretaciones que permitan su exclusión de la Ley de Ética, radicamos el proyecto y le pedimos al Gobernador su inclusión en la extraordinaria que está corriendo”, concluyó Vega Ramos.

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