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SENADORA PPD DENUNCIA GOLPE A LOS PENSIONADOS

IMG_7178.JPGLa senadora y ex procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Rossana López León advirtió hoy que el anuncio de la administración del gobernador Ricardo Rosselló, en el sentido de que se esperan recortes a los beneficios a los pensionados, constituye un rudo golpe a la estabilidad financiera, el cuidado de salud y la calidad de vida de más de 120,000 retirados del gobierno central.

López León explicó que la posible reducción de los beneficios o inclusive, el monto de las pensiones de los retirados, tendría un efecto devastador sobre los recursos de cuidado médico y servicios básicos de los retirados del gobierno. Sus declaraciones se llevaron a cabo en una conferencia de prensa en su Oficina del Senado en la que emplazó al gobernador Ricardo Rosselló a que le hable claro al país y no utilice terceras personas para anunciar escenarios adversos al mejor interés colectivo.

“De la misma forma y con la misma consistencia que rechacé las medidas de reducciones de beneficios a los pensionados en los pasados años, inclusive bajo mi gobierno, hoy vengo a exigir lo mismo que hice en el pasado y es el llamado a que se respeten los derechos y el bienestar de nuestros pensionados. El pueblo de Puerto Rico tiene una enorme deuda de gratitud con nuestros pensionados por su entrega y dedicación al servicio público.”, expreso la senadora popular.

López León explicó que según los últimos datos del Censo y de la Junta de Planificación, para al año 2015, “la población de edad avanzada – 65 años o más – constituía el 19% de la población lo que representan unas 648,000 personas. De esa cifra, el 25% o 162,000 tienen algún sistema de pensiones ya sea público (122,000) o privados; más aún, los datos apuntan a que el 65% de los pensionados reciben pensiones entre $600 y $950 mensuales y más de la mitad de los retirados viven bajo el nivel de pobreza.”, expreso la senadora quien critico al gobernador por ignorar las necesidades de los pensionados.

“El gobernador Ricardo Rosselló y sus ayudantes tienen un doble discurso, por un lado dicen que van a proteger a los pensionados, pero por otro lado dicen que les tienen que recortar beneficios cuando sean responsabilidad del Fondo General. Además, a sabiendas que los fondos de los pensionados son escasos, prefirieron pagarles $146 millones a los bonistas. El primer ejecutivo tiene que decidir cuáles serán sus prioridades y debe asumir una postura sin mandar sub alternos porque esto es un asunto muy serio.”, afirmó la senadora popular.

López León recordó que un estudio realizado por la Oficina de la Procuradora de Personas de Edad Avanzada durante su incumbencia, determinó que los envejecientes son el grupo poblacional más vulnerable en las situaciones de estrechez económica toda que gastan cerca del 40% de todos sus ingresos en sus alimentos, suplementos alimenticios y servicios básicos; y otro 32% adicional en gastos de cuidado médico, laboratorios, equipos médicos y medicinas. Estas cifras casi duplican el por ciento de gastos de una persona entre 18 y 45 años en los mismos renglones salubristas.

“Ante la realidad de que este gobierno planifica un golpe al bolsillo de los retirados, debemos denunciar que en el caso de esta población – por sus necesidades particulares – una reducción de sus pensiones, por mínima que sea, incide de forma devastadora sobre el cuidado de la salud y la alimentación de esta población, elementos esenciales para su vida y bienestar.”, expreso la senadora popular.

La dirigente hizo sus expresiones al adelantar que próximamente estará solicitando acceso a información sobre los modelos de recortes de beneficios y programas que tienen proyectada la presente administración, para medir el impacto económico de las medidas de austeridad.

“Le corresponde al presente gobierno dar la cara y explicar las consecuencias de los planes que están fraguando a espaldas del pueblo. La doble vara sobre acceso a la información debe terminar; tanto el Ejecutivo como la Junta de Supervisión Fiscal deben compartir con el país los modelos y escenarios que están contemplado.”, indico López León.

“El país merece ser informado sobre las alternativas que son evaluadas y esperamos que las personas responsables de dicha información, no tengan la desfachatez de ocultar las mismas y aparecer el día 28 de febrero, fecha límite para la entrega del Plan Fiscal con propuestas sorpresas que encaminen a los puertorriqueños a más pobreza, recortes de derechos adquiridos y más golpes al bolsillo de los trabajadores que construyeron el Puerto Rico de hoy. Y si por ellos tengo que ir a los tribunales a exigir transparencia, lo voy a hacer y no sería la primera vez”, sentenció finalmente la ex procuradora de las personas de edad avanzada.

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