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Representante presenta resolución para evitar recortes en UPR y municipios

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San Juan — Entendiendo que el Gobierno de Puerto Rico cuenta con soluciones reales para evitar recortes en la Universidad de Puerto Rico, a los municipios y asegurar la prestación de los servicios esenciales, el Representante por el Precinto #2 de San Juan, Luis Torres Cruz radicó la Resolución Conjunta #89 para ordenar la suspensión por un año de los depósitos de recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) y utilizar dichos fondos para evitar recortes fiscales a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y a los municipios.

En Conferencia de Prensa el Representante Torres Cruz informó que remitió copia de la medida al gobernador Ricardo Rosselló y solicitó mediante carta, una reunión con el Primer Ejecutivo para discutir la misma.

“En el mismo espíritu de patriotismo y unidad que el Gobernador Rosselló manifestó durante su Mensaje de Estado, estoy solicitándole una reunión para discutir este proyecto que protege los servicios esenciales, evita recortes a nuestros municipios y a la UPR, a la vez que asegura el pago del principal de la deuda a los acreedores del Gobierno”. Durante el mensaje ante la Asamblea Legislativa el gobernador Rosselló hizo un llamado de colaboración a la minoría parlamentaria y sostuvo que “las puertas de Fortaleza esta abiertas al diálogo y a las buenas ideas, independientemente de donde provengan”, destacó.

“COFINA es una entidad establecida bajo las disposiciones de la Ley 91-2006. Se creó para emitir deuda adicional, garantizada por el impuesto de ventas y uso (IVU) ya que el margen prestatario de la deuda constitucional se había agotado. Los empréstitos de COFINA se utilizaron para financiar déficits y para re-financiar el Banco Gubernamental de Fomento. COFINA ha emitido deuda a plazos más largos que el límite máximo de 30 años que dispone la Constitución. La intención de evadir la Constitución que subyace todo el concepto de COFINA no solo es claro, sino explícito. Por ende, Puerto Rico tiene el derecho de no cumplir un contrato ilegal que nos costará 706 millones de dólares en el año fiscal entrante y que en nada contribuye al crecimiento económico de Puerto Rico”, enfatizó Torres Cruz.

En una robusta “exposición de motivos” la medida radicada establece que la única deuda que se está pagando en su totalidad es la deuda de COFINA, aún por encima de servicios esenciales y obligaciones de rango constitucional. Lo que es peor, la cantidad de dinero del IVU que va a COFINA crece 4% anualmente, aunque nuestra economía y población han continuado en descenso desde la creación de COFINA. En el año fiscal 2017-2018, la cantidad de intereses pagaderos a los bonistas de COFINA es 3,600% la cantidad de principal pagadero.

El Representante explicó que la Resolución Conjunta radicada ordenaría la suspensión del pago de intereses de la deuda de COFINA y asigna esos fondos a tres fines prioritarios y esenciales para Puerto Rico. En primer lugar, evita el recorte de fondos públicos asignados a la Universidad de Puerto Rico. En segundo lugar, evita el recorte de asignaciones a municipios y en tercer lugar la Resolución Conjunta asignaría fondos para pagar un 10% del principal de la deuda constitucional de Puerto Rico pagadera en el año fiscal entrante.

Según la medida “del pago de casi 351 millones de dólares que se debe pagar del principal de las obligaciones constitucionales durante el año fiscal entrante, la Resolución Conjunta asigna sólo 37 millones de dólares, un 10% del principal adeudado. Esto en señal de buena fe e intención de cumplimiento con las obligaciones constitucionales. Igualmente, esta Resolución Conjunta paga en su totalidad el principal de la deuda de COFINA y solo retrotrae los intereses de dicha deuda”.

“La Universidad es el motor de nuestro crecimiento económico en el futuro. La educación universitaria debe ser accesible a todas las clases sociales y el recorte propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal impondría aumentos de hasta 13,750 dólares anuales en la matrícula o el cierre de recintos a través de la isla. Los 78 municipios de Puerto Rico rinden servicios esenciales a la ciudadanía. Recortar las asignaciones a éstos los haría inoperantes y por tanto privaría a nuestro pueblo del ente gubernamental más cercano a sus necesidades”, expuso el Representante.

Tanto las autoridades de la UPR como sus estudiantes, así como alcaldes de ambos partidos afiliados a la Asociación y Federación de Alcaldes, respectivamente, han expresado durante las últimas semanas serias preocupaciones ante los recortes recomendados por la Junta de Supervisión Fiscal.

“Entendemos que existen formas de aportar ideas como esta Resolución Conjunta para atender la necesidad apremiante que tiene la Universidad de Puerto Rico de no ser víctimas del nefasto plan que ha presentado de la JSF la cual recomienda recortes de más de 300 millones de dólares, además la intención de reducir las aportaciones que el Gobierno Central hace a los municipios podría en precario las finanzas de muchos de ellos y por ende afectarse los servicios que estos ofrecen a la ciudadanía.”

En conferencia de prensa el representante Torres Cruz indicó que, además de al gobernador Rosselló, remitió copia de la medida y solicitó reuniones para discutir su propuesta con los presidentes de Cámara y Senado, Carlos “Johnny” Mendez y Tomas Rivera Schatz, a los presidentes de la Asociación y Federación de Alcaldes y a la Presidenta Interina de la UPR, Dra. Nivia A. Fernández Hernández.

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