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Senado aprueba iniciativa del PIP para que el Congreso ordene a JCF rendir cuentas sobre conflicto de interés

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El Senado de Puerto Rico aprobó hoy unánimemente la Resolución del Senado 156, de la autoría del Portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, para que el Congreso de los Estados Unidos le ordene a los miembros y contratistas de la Junta de Control Fiscal (JCF) divulgar toda la información dirigida a aclarar la relación económica de éstos, y las recomendaciones que están haciendo al Gobierno de Puerto Rico, con el propósito de descartar cualquier conflicto de interés.

“Es momento de responderle a la Junta con la misma severidad que ellos pretenden azotara al país. La Junta quiere imponer medidas dañinas al pueblo para garantizar el pago a bonistas, siendo algunos de sus miembros y contratistas tenedores de bonos. Eso es un conflicto de interés. La Junta tiene que ser transparente con Puerto Rico. Esta resolución busca que el Congreso ordene a los miembros y contratistas divulgar si ellos o corporaciones de las que ellos son miembros como accionistas poseen bonos. Les corresponde a ellos brindar toda la información necesaria, sobre todo en la coyuntura que nos encontramos cuando su más reciente recomendación es una reducción de jornada laboral a los empleados públicos, antecedida por la recomendación de un recorte millonario al sistema público de enseñanza universitaria del país, entre otras embestidas contra la clase media trabajadora y los sectores más vulnerables del país”, sentenció el Senador independentista.

La medida detalla en su exposición de motivos que en un artículo aparecido en la edición cibernética de la publicación “The Bond Buyer” y bajo la firma de Robert Slavin, con fecha de 6 de marzo de 2017 se señala que el director ejecutivo de la Junta, Ramón Ruiz tiene una inversión de entre $250,001.00 y $500,000.00 en bonos del Gobierno de Puerto Rico Esta situación pudiera representar un posible conflicto de interés.

De igual manera, la Resolución del Senado 156 expresa que en el caso del Presidente de la Junta, José Carrión, en su informe hace un inventario de más de 200 activos consistentes de propiedades comerciales y activos financieros que no se indica su valor, pero que pudiera exceder los límites establecidos por ley (que es de $1,000.00).

También, se detalla en la medida que otro de los miembros, Carlos García, indica en un informe que dispuso de sus activos que podían incluir bonos de Puerto Rico en agosto del 2016. Y en el caso de los contratistas, plantea la Resolución que entre los contratos que ha aprobado la Junta está uno con el Bufete Acosta y Ramírez, en el que puede que exista un conflicto de interés si el Lcdo. Juan Acosta Reboyrás, socio principal, fuera todavía miembro de la Junta de Directores de la UPR, que es una de las entidades que van a ser evaluadas por la Junta.
El Senador independentista se mostró complacido con los demás miembros del Senado por su apoyo a la medida, lo cual constituye la primera exigencia unánime de un Cuerpo político electo por los puertorriqueños al Congreso de los EEUU con respecto a PROMESA y los componentes de la Junta de Control Fiscal federal.

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