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SENADORA ROSSANA LÓPEZ RADICA DEMANDA CONTRA ADMINISTRACIÓN ROSSELLÓ POR OCULTAR INFORMACIÓN SOBRE IMPLICACIONES DEL PLAN FISCAL

Legisladora PPD denuncia gobierno Rosselló se niega a divulgar datos, recortes e implicaciones de su plan fiscal argumentando que el pueblo hará conclusiones “erradas y prematuras”
San Juan (30 de marzo de 2017) – – – – La senadora por acumulación por el PPD, Rossana López León, anunció hoy la radicación de un Mandamus contra el gobierno de Ricardo Rosselló debido a que la administración novoprogresista se ha negado – de forma reiterada – a divulgar los estudios, proyecciones e informes que puedan comprobar la certeza de las proyecciones e implicaciones del plan fiscal del gobierno así como los instrumentos que se usaron para validar el contenido de los escenarios presentados a la Junta de Supervisión Fiscal y al país.

“Desde el pasado 13 de febrero hemos estado solicitando, por todos los canales correspondientes, que se nos entregue la información, estudios, modelos e instrumentos fiscales y administrativos que se utilizaron para confeccionar el plan fiscal presentado a la Junta de Supervisión. Desde entonces – de forma intencional y reiterada – la administración Rosselló se ha negado a entregarla dando como excusa que la misma es confidencial y, que de hacerlo, el pueblo hará conclusiones “erradas y prematuras”. Esa expresión constituye una falta de respeto al país y ese argumento barato ya fue descartado por los Tribunales anteriormente.”, expresó la legisladora del PPD.

López León explicó que la administración Rosselló no ha presentado un solo documento que valide y sustente las proyecciones presentadas, los ahorros estimados y los ingresos proyectados de forma que el país sepa los verdaderos escenarios a los cuales se enfrentará ante los cambios anunciados.

Asimismo señaló que el gobierno contempla el despido de 6,892 empleados transitorios y no lo ha divulgado; además, que el plan presenta un descuadre de unos $1,300 millones y se hacen proyecciones irreales que aumentan la incertidumbre del país.

“A manera de ejemplo, el plan fiscal proyecta recaudos recurrentes sin contemplar la reducción de ingresos de la exención contributiva otorgada a grupos profesionales las cuales reducirá en $185 millones cada año. Tampoco han podido explicar de dónde salen los supuestos $600 millones de ahorros en la congelación de créditos e incentivos para resolver el problema de liquidez, cuando el propio gobernador dijo en Miami que no han congelado ni uno solo. Peor aún, contemplan una reducción de $100 millones por la ley del empleador único y ahora resulta que esta empieza en 18 meses y como si fuera poco, forzaron a la UPR a una reducción de $450 millones provocando su cierre y ahora dicen que es para el 2021. Estas son las incongruencias que no quieren explicar.”, expresó la senadora.

La dirigente popular sostuvo que el gobernador Ricardo Rosselló debe presentar la evidencia que valide su plan o de lo contrario estamos ante un escenario de absoluta improvisación que podría tener serias consecuencias para el país.

Señaló que acude al Tribunal toda vez que el pasado 23 de marzo el Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Gerardo Portela Franco señaló por carta, que la información solicitada por la senadora popular es de carácter confidencial por lo que no será entregada ya que de hacerlo, el pueblo hará conclusiones “erradas y prematuras”.

“Esa misma excusa ya el Tribunal la descartó en el pleito sobre el informe de KPMG que llevo la ASPRO en el 2015. De la misma forma que solicité a la pasada administración que divulgara dicho informe, con la misma vara, hago lo propio con esta administración. El país merece conocer todas las implicaciones y los fundamentos que se evaluaron para sustentar dicho plan.”, indico la senadora.

López emplazo también al presidente de la JSF. “el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión III, tiene el deber de informarle al país si el plan sometido por el gobierno vino acompañado de información fidedigna, seria y con el peritaje suficiente, para que dicho plan fiscal haya sido certificado por esa entidad. Su deber como presidente de la Junta es divulgar los estudios, modelos y proyecciones que usaron para validar el mismo, porque de no existir, alguien tendrá que dar una buena explicación ante lo que sería un monumental engaño del cual el gobierno y la Junta fueron parte.”, expresó finalmente la senadora popular.

Resumen de eventos cronológicos sobre el requerimiento de información oficial y argumentos legales del pleito anunciado

· El 13 de febrero de 2017 la senadora Rossana López le solicitó al gobernador Hon. Ricardo Rosselló, mediante carta entregada a la mano en la Oficina del Gobernador de Puerto Rico, todas las medidas, cómputos y modelos administrativos y fiscales que fueron considerados para la confección del Plan Fiscal. Esto incluyendo, pero sin limitarse, a informes, estudios, análisis o comunicaciones escritas o electrónicas conducentes a la preparación del mencionado Plan Fiscal. Desde entonces, dicha solicitud nunca ha sido contestada.

· Ese mismo día, se radicó en la Secretaria del Senado de Puerto Rico una Petición similar para ser tramitada por el cuerpo legislativo con las agencias pertinentes. Dicha Petición fue rechazada por la mayoría parlamentaria del Senado impidiendo su trámite. Esta acción limita las facultades de una legisladora de minoría reconocidas en la Constitución porque queda a expensas de la voluntad de la mayoría parlamentaria para obtener documentos públicos.

· El 16 de marzo de 2017, se le solicitó mediante carta con acuse de recibo, al Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, los modelos económicos, informes, estudios, análisis o comunicaciones, memorandos de consultores de manera escrita o electrónica que fueron utilizados para la confección del Plan Fiscal.

· El 23 de marzo de 2017, el Director Ejecutivo de AAFAF, contestó el requerimiento. En la respuesta alude un alegado privilegio confidencial y señala además que dicha información contemplan escenarios hipotéticos que no deben ser divulgados a la ciudadanía ya que, de hacerlo, podría llevar al público a conclusiones “erradas y prematuras”.

· En el caso de la ASPRO contra el Departamento de Hacienda el Tribunal Superior resolvió que los estudios, análisis, modelos o documentos que se utilizan en los procesos de evaluación y ponderación internos de procesos de diseño de política pública son de naturaleza pública y no están cobijados por ninguna clasificación de confidencialidad.

· En sus argumentos, los abogados de López León plantean que se trata de documentos y/o informes pagados o gestionados por agencias, corporaciones públicas e instrumentalidades del gobierno que operan con fondos públicos y sobre cuyo contenido la parte peticionaria tiene derecho a obtener acceso.

· En el Recurso de Mandamus, se le informa al tribunal que se han agotado todos los remedios extra judiciales y administrativos disponibles para obtener la información solicitada sin obtener lo requerido.

· Se argumenta que toda la información solicitada es información pública y de alto interés público para la ciudadanía y es necesaria para informar sobre la gestión y transparencia gubernamental y la correspondiente fiscalización de la misma.
La información solicitada no está protegida por confidencialidad o privilegio alguno; tampoco está cobijada bajo cualquiera de las excepciones al derecho de acceso a la información.

· Se señala que el hecho de no entregar la información lacera el derecho al acceso a la información. En particular, los derechos y prerrogativas de la senadora López León en sus funciones como legisladora electa ya que esta pasará juicio sobre las medidas que instrumentan el mencionado Plan y tiene que descargar su responsabilidad inherente de fiscalizar a la Rama Ejecutiva, específicamente, sobre el presupuesto del país que se considera y aprueba por nuestra Asamblea Legislativa. Dicha responsabilidad es indelegable por mandato Constitucional.

· Se reclama el derecho a acceso a la información ya que está garantizado por la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica.

· Se denuncia que la parte demandada ha sido temeraria y ha obligado a la demandante a recurrir ante el foro judicial para solicitar una información que debe estar disponible y accesible para cualquier ciudadano u organización que así lo solicite.

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