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Junta de Control Fiscal y Gobierno aprueban leyes contra derechos humanos y constitucionales

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Miembros Junta de Supervisión Fiscal

La principal legislación aprobada durante este año y los proyectos radicados recientemente, todos bajo el mandato y con el objetivo de cumplir con la Ley PROMESA y el Plan Fiscal dictado por la Junta de Control Fiscal, amenazan con destruir los derechos humanos de todos los Puertorriqueños, de cada uno de nosotros y de nuestros hijos e hijas, de nuestras familias. La Carta de Derechos de la Constitución, aprobada en 1952, garantiza estos derechos humanos al reconocer derecho a educación gratuita, derecho al trabajo, a disfrutar de un nivel de vida adecuado, derecho a la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y protección social al desempleado, al envejeciente, al incapacitado, a la mujer en estado grávido o en época de lactancia y a todo niño para que reciba cuidados y ayudas especiales.

También están violentados los derechos constitucionales a la organización sindical y la negociación colectiva de los trabajadores tanto de la empresa privada como de la pública. Los derechos a escoger libremente una ocupación, a recibir igual paga por igual trabajo, a un salario mínimo razonable, a tener protección contra riesgo a la salud, a una jornada ordinaria que no exceda de ocho horas de trabajo y a recibir paga por horas extras trabajadas corren la misma suerte de ser eliminados.

Tan reciente como el 18 de abril de 2017, se radicaron proyectos de administración bajo el título de “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”. Este proyecto propone medidas negativamente radicales en contra de la clase trabajadora. Entre estas se destacan la pérdida de días de acumular licencias de vacaciones y enfermedad, días feriados, bonos de productividad u otros negociados por convenios, reducción en el bono de Navidad y licencias de protección ante accidentes del trabajo, entre otros.

Los sistemas de retiro están en peligro, las aportaciones a planes de salud son inciertas y la intromisión del criterio político partidista se legaliza mediante la propuesta de “movilidad”, los destaques y las designaciones administrativas.

La propuesta ley persigue “uniformar” (mediante la reducción, eliminación o limitación arbitraria) todos los beneficios y compensación de los trabajadores a un mínimo provisto por leyes federales, sin reconocer el derecho a la negociación colectiva, la historia de lucha de cada sector y sin proteger el concepto de derecho adquirido.

Esta medida que aplicará a todo empleado del gobierno, independientemente de ser unionado o no, o de trabajar en una agencia del gobierno central o corporación pública, destruye todo el andamiaje de derecho laboral construido por más de un siglo de organización sindical, negociación colectiva y luchas políticas por parte del movimiento obrero puertorriqueño.

Además la ley promueve y permite para que sea extendida a los municipios y a empresas bajo el modelo de Alianzas Público Privadas. De hecho, ya varios alcaldes han puesto en vigor estas medidas.

Estas leyes, aprobadas bajo el racional de la Ley PROMESA confirman que el gobierno está bajo sindicatura, que este perdió su función de gobernar, de aprobar leyes en protección del Pueblo, de aprobar un presupuesto en función del desarrollo económico del país y de interpretar sus propias leyes. La condición colonial y el agotamiento del modelo económico obligan a todos los sectores del movimiento sindical, político y social a replantearnos nuestro rol y el futuro inmediato.

Todas estas acciones que persiguen empobrecernos, quitarnos derechos y amarrar nuestras manos y pensamientos son para enriquecer a los grandes intereses económicos que nos controlan y dominan. Estas acciones justifican salir a la calle, justifican la indignación de nuestro Pueblo.

Es hora de construir, en unión a los estudiantes universitarios, profesores y trabajadores universitarios, enlaces, frentes, organizaciones de base, todas con el propósito de defender a nuestro país, según Luis Pedraza Leduc

En lo inmediato, el 1ro de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, marcharemos desde varios puntos de la capital hasta llegar a la sede de la Junta de Control Fiscal para exigir su salida del país. Otras actividades se desarrollarán en otros lugares y municipios de Puerto Rico.

Exhortamos a ser consecuentes, a mantener la lucha y la coordinación de actividades para poder vencer al capital y la colonia que son los verdaderos males y responsables de la crisis que nos imponen.

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