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Junte de senadores para reformar el Sistema de Justicia Juvenil.

El Capitolio – San Juan, PR. Con el propósito de garantizar que los y las menores, y jóvenes de nuestro país no sean permanentemente señalados o estigmatizados por las pesadas exigencias de los procedimientos judiciales de menores, los senadores del Partido Nuevo Progresista Carmelo J. Ríos Santiago, Henry Neumann Zayas y Larry Seilhamer Rodríguez, y Eduardo A. Bhatia del Partido Popular Democrático junto con el senador independiente, José A. Vargas Vidot, propusieron hoy un proyecto de ley que crea una reforma al Sistema de Justicia Juvenil de Puerto Rico. En ese sentido, el senador José A. Vargas Vidot expuso algunos puntos importantes en relación a enmendar la Ley de Menores de Puerto Rico, las Reglas de Procedimientos para Asuntos de Menores y la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003.
De ello resulta necesario examinar de manera precisa y transparente que, bajo nuestra jurisdicción, el bienestar de un o una menor, esté resguardado por el más alto interés. En efecto, el Estado tiene el deber de salvaguardar, proteger y garantizar ese bienestar basado en el cumplimiento de su política pública. Lo cual muestra que, independientemente del acto que pueda cometer un o una menor, toda persona y en especial, aquellos o aquellas que no cuenta con la capacidad de ser dueños o dueñas de sus acciones, merecen poseer la presunción de inocencia, derecho a ser perdonados y recibir las salvaguardas que las leyes, y el derecho puedan brindarle para su pleno desarrollo y dignidad.

Entre los puntos propuestos para la Reforma del Sistema de Justicia Juvenil de Puerto Rico, están los siguientes: establecimiento de una edad mínima (basado en la jurisdicción del Tribunal de Menores); agotamiento de remedios administrativos en el sistema de educación pública o privada (antes de elevarlo al foro judicial); prohibición de restricciones mecánicas en procesos de menores (exceptuando ciertos casos); establecer mecanismos de mediación y solución de conflictos en procesos de menores; prohibir informe social en vista adjudicativa; prohibir confinamiento solitario de menores; uso compulsorio de intérpretes; suavizar términos en relación a la celebración de la vista para determinar causa probable; reducir términos ante la celebración de la vista en alzada; disponer requisitos mínimos al Estado en el momento de celebrar vistas en ausencia del menor y extender en cada región judicial las cortes de drogas (para casos de menores), como salas especializadas, para atender casos de sustancias controladas.

Por último, cabe mencionar que el perfil de la población del menor transgresor, provisto por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (2016), era de 254 confinados en instituciones juveniles (234 varones y 20 féminas) entre las edades de 14 a 20 años de edad. El 32 % fueron faltas contra la propiedad y el 22 % violaciones a la Ley de Sustancias Controladas. El 43 % de los menores fueron víctimas de maltrato; el 23 % de estos y estas, fueron víctimas de trata o explotación previa a su ingreso y el 72 % de los menores ingresados viven bajo los índices de pobreza.

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