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Firman Declaración de Rechazo contra entidades que reprimen derecho a la protesta

Condenan uso de estrategias legales para criminalizar organizaciones civiles

San Juan, miércoles 10 de mayo de 2017 – Sobre una docena de agrupaciones cívicas rechazaron contundente las estrategias legales del gobernador Ricardo Rosselló, al igual que de otras corporaciones, principalmente el Banco Popular de Puerto Rico para impedir las acciones de protesta de la sociedad y criminalizar a las organizaciones que lideran los procesos de movilización ciudadana en el país, por lo que determinaron de manera unánime un boicot a la entidad bancaria.

En la Declaración de Rechazo, que cuenta con el apoyo del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR), del Proyecto Matria y de Somos Dign@s, se relata cómo el pasado 1 de mayo, mientras decenas de miles de personas se manifestaron en contra de las medidas de austeridad que se le han impuesto al país, el Banco Popular decidió usar sus privilegios y el sistema de justicia para paralizar a organizaciones y líderes que convocaron al pueblo a movilizarse. “El papel que está jugando este banco en un momento histórico para el país lo coloca de espaldas al bienestar del pueblo”, suscribe el documento que también tiene el respaldo del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE), el Campamento contra la Junta, el Instituto Caribeño de Derechos Humanos, el Partido del Pueblo Trabajador, y el Comité de Acción Legal (CAL).

Según los líderes de las entidades, a la isla se le ha llevado a límites nunca antes vistos de desigualdad, pobreza y violencia desde las instituciones financieras y gubernamentales. “Estamos de cara a una crisis humanitaria de grandes proporciones. Si repasamos lo que hemos vivido en los primeros cuatro meses del 2017, veremos un mapa de destrucción social y económica. Y sin embargo, se pretende reprimir a quienes protestan y trabajan para encontrar respuestas que beneficien a todos los sectores”, cita el escrito avalado también por varias asociaciones universitarias y legales como la Clínica de Asistencia Legal, la Clínica de Derecho Ambiental, y el Movimiento Pro-Justicia Social, todas de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana; al igual que la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU); y los Profesores Autoconvocados en Resistencia Solidaria.

La Declaración de Rechazo recuenta cómo Richard Carrión II presidió el Consejo Asesor de Restructuración Económica y Fiscal (CAREF) quienes dejaron en la calle a más de 30 mil trabajadores en el año 2009 bajo la administración de Luis F. Fortuño. Añade que también fue responsable de la emisión de miles de millones en deuda para costear la deuda gubernamental a través de COFINA y que defendió el impuesto regresivo sobre la venta de productos el cual recae, primordialmente, sobre los hombros de la clase trabajadora y las familias pobres.

De la misma forma, se señala que en los últimos 20 años el Banco Popular, a través de su filial Popular Securities, ha participado de más de 128 emisiones de deuda que superan los $100 mil millones de comisiones en deuda bruta emitida; y que promedió ganancias de sobre $56.4 millones en comisiones por ayudar al gobierno a emitir dicha deuda. El grupo recordó que, en 2003, el Banco Popular acordó pagar una multa por $21.6 millones para evitar una investigación criminal por lavado de dinero y su incumplimiento por no rendir informes de transacciones sospechosas bancarias conforme a la ley federal. En el 2015 se le multó por $125 mil al incumplir nuevamente con reglamentaciones federales sobre transacciones bancarias.

“Nuestro llamado es a que la gente haga memoria, despierte, cuestione y mire las cosas en su contexto. Y es por esto que exhortamos al país a que se una a este boicot contra el Banco Popular y a que retiren sus cuentas de esta institución”, sentenciaron los líderes de las organizaciones.

“Hay que mantener vivos los reclamos de justicia, salud, educación, vivienda y trabajo digno. De eso se trataba el 1 de mayo, de eso trata el momento actual. No hay mayor violencia que aquella que priva derechos humanos fundamentales como lo son la educación, la salud, la vivienda, la alimentación y la dignidad humana”, se expresa en el documento.

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