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Ciego el abasto de alimentos en la Isla


El Capitolio – Es bien sabido que el 80% de los alimentos que consumimos en el País son importados, que productos pueden tardar hasta 64 días en llegar y salir del puerto; lo que provoca que muchos de estos sean desechados. De esta forma, el problema alimentario mayor es la falta de datos sobre el abasto de alimentos, específicamente cuántos hay en los almacenes, indicó el vicepresidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes Alfonso.

Asimismo, denunció que Departamento Federal de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) solo cuenta con un inspector en el País para los productos perecederos que vienen del exterior y a quien hace unas semanas se le prohibió horas extras, las cuales pagaban los importadores al USDA para que sus productos salieran del muelle.

“Puerto Rico no tiene visibilidad ni inherencia para la mercancía internacional, nosotros mismos nos enteramos de esta situación porque nuestros socios nos comentaron pero el Gobierno de Puerto Rico no tiene una persona a cargo de la cadena de abastos de alimentos”, apuntó Reyes Alfonso.

Ante esto, ya la USDA informó que se tardara más de dos meses en traer otra persona adicional que esté adiestrada para la posición.

“Cuando hablamos de una política alimentaria no se trata de eliminar la importación sino de balancear este proceso para que tenga visibilidad, cuente con datos, manejo de desperdicios y conozcamos la vida útil de cada producto…Desde el agricultor hasta la distribución de un producto se pierde un 30% en esa cadena, lo cual necesitamos reducir”, añadió.

Estas expresiones surgieron en audiencia pública de la Comisión para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias, que preside el senador José A. Vargas Vidot, sobre el Proyecto del Senado 319, de la autoría del senador Miguel Pereira.

Este proyecto legislativo busca establecer como política pública la erradicación del hambre y fomentar e incentivar el manejo eficaz de excedentes de alimentos. Sin que erradicar el hambre signifique las ganas de comer sino un alto estándar de los requerimientos nutricionales para cada individuo, expresó Vargas Vidot.

MIDA indicó que el hecho de no tener mano de obra suficiente para sacar los furgones afecta a la mercancía que viene de Estados Unidos. “Si los inspectores del Departamento de Hacienda no están, deciden no darle de alta a un furgón y este se atapona, y esa es la razón por la cual se necesita un ente que maneje la política alimentaria y la cadena de abastos”, señaló Rayes Alfonso.

Igualmente, dijo que el País tiene un riesgo real porque no sabemos cuánto tenemos en abastos y ante cualquier problema que afecte esta cadena afecta los abastos de los productos perecederos.

El título de la medida expresa que se busca promover una mayor y mejor distribución y suplido de alimentos; asegurar la integración y consideración de los aspectos legales en los esfuerzos gubernamentales por atender las necesidades sociales y alimentarias de nuestra población, entre otras; promover la evaluación de otras políticas, programas y gestiones gubernamentales que puedan estar confligiendo o impidiendo el logro de los objetivos de esta Ley; crear el Programa de Organizaciones No Gubernamentales adscrito al Departamento de Estado, la Comisión para la Planificación de Distribución de Excedentes de Alimentos adscrita a dicho programa; y establecer sus deberes y responsabilidades.

Esta Ley promovería colaboraciones multisectoriales con el objetivo de redistribuir y reutilizar los excedentes de alimentos de supermercados, restaurantes y otros centros de venta o almacenaje de alimentos. Además, integra todos los posibles actores de interés para desarrollar incentivos dinámicos e innovadores y asimismo fomentar la participación. De igual forma, la medida expone que no pretende burocratizar ningún proceso actual y legítimo de distribución de alimentos, sino crear mecanismos e instrumentos para facilitar los esfuerzos actuales y el desarrollo de nuevas iniciativas.

“Según el Negociado del Censo (2014), en Puerto Rico hay cerca de 1,650,000 personas viviendo bajo el nivel de pobreza, lo que equivale al 46.2% de la población total. Estas cifras no solo son alarmantes en términos socioeconómicos, sino que describen la desigualdad que existe en nuestro País. Los datos obtenidos también muestran una gran cantidad de personas que no cuentan con los recursos necesarios para mantener una alimentación sistemática (tres comidas al día) y nutricionalmente balanceada,” reza la Exposición de Motivos de la medida.

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