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Gobernador Rosselló Nevares valida la importancia de las Iglesias-Escuela como instituciones alternativas de enseñanza

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó la Ley para las Iglesias-Escuela, estatuto que salvaguarda el derecho fundamental de los padres y madres a educar a sus hijos e hijas en tales planteles en conformidad con sus preferencias, creencias y valores.

Las Iglesias-Escuela surgen del contexto social que reconoce la educación privada como parte de la oferta educativa en la Isla.


“De la misma forma que respetamos las creencias, preferencias y convicciones ideológicas de otros sectores, debemos respetar el derecho de los padres, madres y encargados de criar a sus niños bajo la estructura académica y religiosa que entiendan pertinente. Esta ley garantiza que, quien así lo estime, pueda optar por educar a sus hijos en un marco no tradicional —como es el caso del método Montessori y la educación en el hogar— que responda al ambiente que ellos prefieran para el desarrollo formativo de sus hijos”, expresó el primer mandatario.

El estatuto que será la Ley 33-2017 y garantizará la existencia y operación de estas instituciones en Puerto Rico, reconoce que las Iglesias-Escuela son una alternativa al proceso de enseñanza-aprendizaje conocidas como “instituciones educativas no tradicionales”, con métodos, enfoque, valores y programación académica distinta a las que se ofrecen en el sistema de educación pública o privada licenciada.

Durante la firma de la ley, el gobernador estuvo acompañado de la viuda e hijos del doctor Hernán Cortés —quien fue pastor de la Iglesia Bautista de Levittown en Toa Baja y pionero de esta corriente educativa— quienes al día de hoy continúan con el legado de su esposo y padre.

Cónsono con lo establecido en el Plan para Puerto Rico, el estatuto reestablece el marco legal de la Ley 82-1995. Este marco legal reconoció el derecho de las iglesias cuyas creencias religiosas y ofrecimientos académicos son inseparables.

La pasada administración, mediante opinión del secretario de Justicia, determinó que la Ley 82-1995 había sido derogada tácitamente por la Ley 148-1999. Con esta acción se obligó a que las Iglesias-Escuela, so pena de consecuencias jurídicas, iniciaran el proceso de licenciamiento y equipararan sus ofertas académicas a los requisitos que impone el Consejo de Educación de Puerto Rico a las escuelas públicas y privadas licenciadas, en clara violación a su libertad religiosa.

Esta medida sufrió enmiendas a petición del gobernador a fin de garantizar que los currículos de enseñanza de las Iglesias-Escuela se notifiquen al Consejo de Educación de Puerto Rico para que la comunidad conozca los ofrecimientos educativos sin que constituya una interferencia con la libertad religiosa.

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