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Taxistas no se oponen a estar bajo jurisdicción de Comisión de Servicio Público

Capitolio- La Comisión Senatorial de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura que preside el senador Miguel Laureano realizó otra vista pública conjunta con la Comisión Cameral de Gobierno del representante Jorge Navarro Suarez sobre el Proyecto del Senado 525 de Administración para adoptar la “Ley de Transformación Administrativa de la Comisión de Servicio Público” a los fines de centralizar en la Comisión de Servicio Público, la autorización, fiscalización, y reglamentación de la transportación pública, fortalecer sus facultades, agilizar los trámites administrativos, disponer una ordenada transición; adoptar una política pública que salvaguarde la seguridad sin que se entorpezca el desarrollo económico y la disponibilidad de servicios al público, y para otros fines relacionados.


En esta vista pública comparecieron varias organizaciones de servicio de transporte como: Puerto Rico Operadores Turísticos, Guías y Excursionistas (PROTEGE) y su presidente, José Poupal, quien expresó no oponerse a estar bajo la jurisdicción de la Comisión de Servicio Público como establece la medida en cuestión pero fue enfático en que no importa cuál sea la agencia que fiscalice el servicio, tienen que imponerle a la compañía de Red de Transporte UBER, los mismos requisitos que se les exigen a otros transportistas en la Isla. Poupal aseguró no estar en contra de UBER pero hay una competencia desleal y según este, violan la ley 282 que establece que hay una zona turística que solo puede ser cubierta por un sector de transportistas en particular como los taxistas y no una compañía de red de transporte.

“Como cuestión de umbral, es meritorio reconocer que el proceder errado de la pasada administración produjo efectos devastadores a la industria turística terrestre, lo que indudablemente se tradujo en el deterioro del sector turístico en general”, sentenció Poupal en su ponencia. “En concepto estamos de acuerdo con la medida, condicionado a que se incluya en el proyecto de ley unos requisitos adecuados y se especifique que las zonas de interés turístico son aquellas establecidas por la Junta de Planificación y las adoptadas por la Compañía de Turismo de Puerto Rico”, enfatizó el presidente de PROTEGE.

De manera similar se expresó Robert Rodríguez, Presidente de First Class Destination Solution, perteneciente a la Industria del Transporte de Lujos, entiéndase limosinas, entre otros. Rodríguez aseguró no tener reparo en que pasen a la jurisdicción de la Comisión de Servicio Público, pero tomando en consideración que esto no conlleve gastos operacionales y “no permitir acceso a UBER en puertos marítimos, aéreos así como en hoteles. Y que cumplan con las leyes al igual que nosotros y sean medidos con los mismos estándares de la industria”, sentenció.

La preocupación mostrada tanto por PROTEGE y First Class Destination Solution es la misma que también esbozo Juan de León, Presidente de la Federación de Transportistas. Por su parte, la Federación de Porteadores Escolares de Puerto Rico y su presidente José R. Rosado Rolón, establece en su ponencia que la Transportación de Escolares es una industria históricamente regulada por la Comisión de Servicio Público, pero ciertamente olvidada por esta, al punto que no hace valer lo establecido en la propia Ley 109-1962. A esos efectos la medida en evaluación se debe enmendar para establecer con meridiana claridad que quien único puede establecer una tarifa mínima en nuestra industria es la Comisión de Servicio Público y no ninguna otra agencia, entiéndase el Departamento de Educación.

En la vista celebrada hubo representación de los camioneros a través del Frente Amplio de Camioneros y sus representantes Víctor Rodríguez y German Vázquez. También compareció Víctor Miranda de “Carga Seca de Camiones Unidos de Puerto Rico”. Todos avalarían el P del S 525 si se le realizan enmiendas para que, como según indicaron, la CSP haga valer las tarifas establecidas y se convierta en un ente pro camionero y no perseguidor, ya que todos estos sectores de la industria de camiones denunciaron en la vista que son perseguidos por esta agencia y rechazaron la facultad que le dá el P del S 525 a los inspectores de la CSP como “Agentes del Orden Público”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, Miguel Laureano aseguró a los deponentes que tanto su comisión como la del representante Jorge Navarro Suarez, están haciendo “un trabajo de altura, un trabajo serio, escuchando a todas las partes y el Proyecto sufrirá enmiendas y no será aprobado como está”, dijo el legislador.

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