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Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia demanda al Municipio de Cabo Rojo

(San Juan) – La Secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó que la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) radicó esta mañana una demanda contra el Municipio de Cabo Rojo por la otorgación de un contrato exclusivo a Consolidated Waste Services, LLC (CWS) y/o Consolidated Waste Managers, Corp. (CWM) para el recogido de los desperdicios sólidos con la venta exclusiva de bolsas plásticas anaranjadas.

La Secretaria Auxiliar de la Oficina de Asuntos Monopolísticos, Denise Maldonado Rosa, detalló que la demanda solicita al Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que emita una sentencia declaratoria, una orden provisional de restricción y prohibición bajo el Artículo 13 de la Ley de Monopolios y un interdicto preliminar y permanente en contra del Municipio de Cabo Rojo, CWS y/o CWM por violación a la Ley 77 del 25 de junio de 1964, conocida como la Ley de Monopolios y Restricción al Comercio.

La jueza Lynette Ortiz Martínez, del Tribunal de Mayagüez, emitió una orden a las partes demandadas para que cesen de forma inmediata la implantación de la ordenanza aprobada el 5 de abril de 2017 y el efecto de las cláusulas contractuales. La misma entró en vigor de inmediato y estará en vigor hasta el lunes, 19 de junio a las 2:00 p.m., fecha en que se convocó a las partes para una vista urgente sobre Remedios Provisionales y sobre Interdicto Preliminar.

Las alegaciones de la demanda aducen sobre la pretensión de los demandados a consumar un contrato cuyo efecto es prevenir la competencia y crear un monopolio en el mercado del recogido de desperdicios sólidos y de las bolsas plásticas al obligar a los ciudadanos a adquirir las bolsas anaranjadas especializadas. Las mismas son distribuidas por CWS y/o CWM para que los comerciantes caborrojeños las vendan a los residentes, comerciantes y/o visitantes para disponer de la basura. Las bolsas anaranjadas no pueden ser sustituidas por ninguna otra bolsa disponible en el mercado.

“Tanto los asuntos concernientes a las restricciones al comercio y los monopolios como los asuntos relacionados a la salud pública de los ciudadanos de Puerto Rico están revestidos de un alto interés público. En vista de lo anterior, la OAM presentó una Solicitud de Orden Provisional paralice la implantación de la Ordenanza Municipal Núm. 26 de la serie 2016-1017 del Municipio de Cabo Rojo y el contrato perfeccionado el día 10 de abril de 2017 entre el Municipio de Cabo Rojo (MCR), Consolidated Waste Services, LLC (CWS) y/o Consolidated Waste Managers, Corp. (CWM)”, manifestó Maldonado Rosa.

La OAM solicitó al tribunal que emita: una sentencia declaratoria que disponga que la transacción entre el Municipio de Cabo Rojo y CWS y/o CWM viola los Artículos 2 y 4 de la Ley de Monopolios, respectivamente, toda vez que constituye un acuerdo y/o conspiración para restringir irrazonablemente los negocios o el comercio en la industria del recogido de desperdicios sólidos y reciclables; constituye un acuerdo y/o conspiración para monopolizar los negocios o el comercio del recogido de desperdicios sólidos y reciclables; y constituye un intento de reducir sustancialmente la competencia y/o tenderá a crear un monopolio en la industria del recogido de desperdicios sólidos y reciclables. Se solicita además un interdicto preliminar y eventualmente un interdicto permanente que les prohíba a los demandados perfeccionar y hacer efectivo el contrato, que se declare que la Ordenanza 26 viola la Ley de Monopolios. Se solicitó que se emita una orden provisional de restricción y prohibición mediante la que inmediatamente le prohíba a los demandados poner en efecto el contrato; además de que se provea cualquier otro remedio que proceda en ley y equidad.

“El Departamento de Justicia, en su capacidad fiscalizadora, no va a permitir violaciones a la Ley de Monopolios y Restricción al Comercio. Debe existir la libre competencia y se penalizarán actos que restringen a otros a brindar servicios y fijen precios. Evitaremos que empresas controlen el mercado en perjuicio a los ciudadanos. Las empresas tienen derecho a competir en igualdad de condiciones”, expresó la Secretaria de Justicia.

La investigación de este caso continúa activa ante la OAM.

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