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Compañía contratada por el Departamento de la Familia bajo pasada administración deja miles de casos inconclusos

El Capitolio- En vista pública de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado que preside la senadora Nayda Venegas Brown, sobre la Resolución del Senado 8 que ordena realizar una investigación sobre la situación fiscal y administrativa de todos los componentes del Departamento de la Familia, salió a relucir por parte de funcionarios de dicha agencia que bajo la pasada administración se contrataron tres (3) compañías privadas para atender los referidos de maltrato de menores que llegaban a la agencia y a diciembre de 2016 habían pendientes 14,680 referidos.

A preguntas de la senadora Venegas Brown, autora de la medida, el subadministrador interino de la Administración de Familia y Niños (ADFAN), Carlos A. Rivera Otero y la Lcda. Charlene Rivera Agosto, Directora de la División Legal de ADFAN, aseguraron que los contratos de estas compañías estaban entre los 2 millones de dólares hasta poco más de 3 millones de dólares. Se les solicitó que en un término de cinco (5) días se le hiciera llegar la información exacta de la cuantía, nombres de las compañías y el contrato en general sobre estas. La licenciada Rivera Agosto estableció que desde el 2013 se contrataron estas tres compañías, entre estas mencionó la compañía “Rita Córdova”, pero no pudo precisar el nombre de las otras. También aseguró que lo único que hacían estas, era investigar y tomar determinaciones de los casos, pero de lo demás se encargaba el Departamento de la Familia entiéndase brindando servicios y seguimiento a los afectados.

Los funcionarios indicaron que Familia tenía dificultades con relación a los informes de los casos y la comparecencia a las vistas con esto de las compañías. “Quiero estar clara, aquí el Departamento de la Familia tiene miles de referidos sin atender. Eso es lo que estamos atendiendo hoy. Quiero que quede claro, porque también hay que fijar responsabilidades a aquellos que fueron negligentes en el cumplimiento de su deber”, condenó Venegas Brown. De hecho la senadora de la minoría popular, Rossana López León coautora de la medida y presente en la vista, informó que existe la Resolución del Senado 9 del 2013 que contiene sanciones a funcionarios que no ejercieron su labor correctamente y hasta un referido al Departamento de Justicia a consecuencia de dicha Resolución.

Los 14,680 referidos que datan al 28 de diciembre de 2016 están desglosado de la siguiente manera: 3,810 referidos pendientes de aprobación de un supervisor, 2,428 investigación inicial sin conclusión, 3,910 asignados a un trabajador social pero el caso no ha concluido y 4,523 no asignados. De enero a junio de 2017 han llegado 7 mil nuevos referidos que se suman a los que están pendientes a diciembre de 2016 que son acumulados del 2015 y 2016, según Rivera Otero. Ante preguntas de la senadora López León, se indicó que actualmente hay alrededor de 900 trabajadores sociales y que una de las mayores dificultades que ha enfrentado la agencia para poner al día los miles de casos es precisamente la falta de recursos.

La Resolución del Senado 8 de la autoría de la propia presidenta de la Comisión investigará los siguientes componentes del Departamento de la Familia: Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Administración de Familia y Niños (ADFAN), Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), Administración para el Sustento de Menores (ASUME) y el Programa para la Industria de Ciegos y Personas con Impedimentos Físicos, Mentales y del Desarrollo (CIRIO, creada en virtud de la Ley 139-2014).

Según la Exposición de Motivos de la pieza legislativa, el Departamento de la Familia es el ente de la Rama Ejecutiva responsable de implantar la política pública y la visión general para el beneficio y el bienestar de la familia y sus miembros. En la ejecución de dicha responsabilidad, el Departamento asume el rol de facilitador y de proveedor de servicios. La visión por tanto de la agencia, debe ser el servir al desarrollo de las familias y el fortalecimiento de las comunidades y al estimular su desarrollo; proteger de forma adecuada a los individuos y familias más vulnerables; y proteger los valores reconociendo a la familia como el pilar fundamental de la sociedad.

“Es por ello, que en aras de proveer las mejores herramientas para la ciudadanía en general y teniendo en cuenta la precariedad económica del aparato gubernamental en el momento histórico que vive nuestra Isla, el Senado de Puerto Rico, en su deber constitucional, entiende meritorio realizar una investigación sobre la situación fiscal y administrativa de dicha agencia”, indicó la proponente de la medida.

La Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia deberá rendir un informe final con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones que estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de esta investigación en o antes del 30 de junio de 2020. No obstante lo anterior, la Comisión deberá rendir informes parciales en cualquier momento, de entenderlo necesario, para cumplir con los propósitos establecidos por la R del S 8.

En cuanto a la cantidad de referidos de maltratos a personas de la tercera edad el Departamento de la Familia estableció que hay 10 mil referidos sobre estos casos.

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