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Insisten el PPD es procesable bajo el Rico Act

Pide autoridades federales den curso a referidos por esquemas de corrupción en la Pava

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El representante del distrito cinco de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas, Jorge Navarro Suárez solicitó a las autoridades federales que le den seguimiento al referido que hizo el pasado año para que el Partido Popular Democrático (PPD) sea investigado bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Actividades Ilegales, mejor conocida como el RICO Act; esto luego que funcionarios de esa colectividad fueran detenidos por un alegado esquema de fraude.
“Esto va mucho más allá de lo que se sabe. Aquí hay gato encerrado y al parecer se trata de un esquema bien creado que involucra a muchas más personas. Las autoridades federales deben darle curso al referido que hicimos hace algunos meses para que el PPD sea investigado bajo el RICO Act. Este nuevo esquema de corrupción supuestamente encabezado por el exsecretario del DRD es reflejo de que los directivos y funcionarios de las campañas del PPD son unos corruptos. Esto es de película hasta con boquetes en la tierra para esconder dinero obtenido ilegalmente. El PPD está podrido y debe ser investigado”, dijo Navarro Suárez.
El pedido del representante surgió luego que se conociera que Ramón Orta, exsecretario del DRD bajo el gobierno de Alejandro García Padilla y Miguel Sosa, contratista del Municipio de San Juan, fueran arrestados junto a otras cinco personas por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI por su siglas en inglés). Éstos fueron acusados por un gran jurado por enriquecimiento ilícito. Orta habría recibido pagos en efectivo y trabajos de construcción en su residencia como parte del esquema.
En su pedido inicial hecho en septiembre de 2016, el también presidente de la Comisión cameral de Gobierno, envió cartas al entonces jefe del FBI, James Comey; a la procuradora general de Estados Unidos, Loretta Lynch y la jefa de la fiscalía federal en la isla, Rosa Emilia Rodríguez en las que aseguró que el caso del exrecaudador de la Pava, Anaudi Hernández no era un esquema aislado de corrupción gubernamental, sino que se trataba de un complejo entramado criminal de lavado de dinero y venta de influencias que fue clave para el PPD financiar sus campañas de manera ilícita. (Se anejan documentos)
Entretanto, el legislador explicó que en este nuevo caso los siete arrestados por los federales eran funcionarios de la campaña del excandidato a la gobernación, David Bernier, quien al llegar a presidir el partido sacó al equipo de García Padilla para designar nuevos funcionarios, quienes “cayeron en lo mismo”.
“Mientras Alejandro García Padilla viajaba con Anaudi Hernández, David Bernier dormía con Miguel Sosa”, agregó Navarro Suárez al hacer referencia al caso del exdirector de Finanzas de García Padilla, con quien se fue de viaje, mientras que en el caso de Sosa, éste fue compañero de cuarto de Bernier en el Albergue Olímpico.
Por otro lado, el legislador levantó suspicacia ante el hecho de que cada vez que se revela un esquema de esta naturaleza, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz tiene que despedir a alguien o cancelar algún contrato. “Qué casualidad. Esto es muestra de que todos los que trabajan con la alcaldesa son corruptos. No tiene la capacidad administrativa que se requiere para manejar estos asuntos adecuadamente”, sostuvo sobre el caso de Sosa cuyo contrato con el municipio fue cancelado.
Asimismo, mencionó que otra muestra del desespero la presentó el actual presidente del PPD, Héctor Ferrer, quien de inmediato convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa en la que se desligó del esquema y dijo que las autoridades deben arrestar a todo aquel que haya incurrido en actuaciones indebidas.
“Cuando hice el referido el año pasado, Ferrer dijo que no creía que el PPD fuera procesable bajo el RICO Act. Sin embargo, la historia se vuelve a repetir. Estos son esquemas de altas dimensiones que son ideados por los que manejan las campañas y los procesos de donativos para las mismas. No hay nada más que buscar. Les aplica el RICO Act y esperamos que las autoridades federales pongan a correr los referidos que ya hicimos”, sostuvo.

Los alcances del RICO Act
De otra parte, Navarro Suárez explicó que el RICO Act el crimen organizado se refiere a un criminal que recurre a la extorsión, préstamos ilegales, soborno o la obstrucción a la justicia para actividades ilegales. Usualmente se trata de personas que se aprovechan de sus cargos para involucrar a terceros en esquemas para su beneficio.
Asimismo, detalló que este estatuto federal se puede aplicar a personas relacionadas a una organización criminal y cuyas actuaciones afecten el comercio interestatal. Además, la persona acusada debe haber participado con la organización a través de una pauta definida o una actividad de crimen organizado.

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