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Senado aprueba proyectos sobre disposición de Estorbos Públicos

El Capitolio- El Senado aprobó a viva voz el Proyecto del Senado 576, para enmendar la “Ley de Municipios Autónomos”, a los fines de expeditar y simplificar el procedimiento de disposición de propiedades que sean decretadas estorbos públicos, establecer un procedimiento de expropiación con parámetros definidos; permitirle a los municipios tasar propiedades muebles e inmuebles, sujetas a contribución municipal en coordinación con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).


También se aprobó el Proyecto del Senado 476, de la autoría del senador Miguel Romero Lugo, que crea la ‘Ley para el Manejo de Estorbos Públicos y la Reconstrucción Urbana de Santurce y Río Piedras”. Con esta medida se pretende proveer un mecanismo alterno a través de la Administración de Terrenos (AT) para facilitar la erradicación de estorbos públicos y su conversión en estructuras funcionales, ya sea destinada a viviendas o comercios en los sectores de Santurce y Río Piedras. También busca fomentar la adquisición y restauración de los mismos a la misma vez que se otorgaría a la AT la autoridad para declarar como estorbo público las propiedades inmuebles en estado de deterioro.

En su turno sobre la medida el senador por el Distrito de San Juan, Romero Lugo expresó que en el Municipio de San Juan hay sobre 40 mil propiedades vacías y “muchas de ellas en abandono…Queremos ayudar a nuestra Ciudad Capital a que se convierta en un dínamo de inversión económica no tan solo para San Juan sino para todo Puerto Rico”.

Según propuesto en la medida, una vez la AT declare una propiedad como estorbo público y comience una expropiación forzosa, la parte interesada que se convierta en el adquiriente de la propiedad podrá disfrutar de exenciones de un 100 por ciento sobre la contribución de la propiedad mueble y del pago de patentes municipales por un término de 10 años. También, una exención sobre la propiedad inmueble impuesta de un 100 por ciento por cinco años. De igual forma, una exención de un 100 por ciento sobre la propiedad inmueble de aquellas propiedades elegibles para fines comerciales.

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