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Vargas Vidot levanta su voz por proyectos de ley que expropiarían a las comunidades vulnerables.

El Capitolio – San Juan, PR. “Las comunidades especiales de nuestro país, luchan en contra de la pobreza; en contra de la marginación y el flagelo de la carencia. Como país somos colectivamente responsables de promover la superación personal, familiar y comunitaria que nos identifica como pueblo. La sensibilidad va de la mano de la esperanza y la integración logra nuevos enfoques de apoderamiento, y proyecta esfuerzos en común causa que son acariciados por la justicia social, y las políticas sanas para un desarrollo socioeconómico sustentable”, indicó el senador independiente José A. Vargas Vidot. En ese sentido, se levanta una voz de alerta ante el Proyecto de la Cámara 991 y el Proyecto del Senado 576, porque la Legislatura tiene planificada enmendar el Artículo 9.003 de la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como: “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991”.


En efecto, lo que pretende el Senador traer a la vista de la opinión pública, es sobre las enmiendas que sendos Proyectos (de Ley) se realizarán acerca del Artículo 9.003 de la Ley de Municipios Autónomos. Los mismos, afectarán la manera de adquirir los bienes mediante la expropiación forzosa de parte de cualquier municipio en desprecio a las comunidades vulnerables que por años llevan su lucha en contra de cualquier acción similar o directa.

De esta acción, resulta necesario explicar lo siguiente: actualmente, el artículo dispone que, y cito ––“[el] Municipio podrá instar un proceso de expropiación forzosa por cuenta propia siempre y cuando la propiedad no pertenezca al Gobierno Central o a alguna de sus instrumentalidades o corporaciones públicas, excepto que medie autorización por Resolución Conjunta de la Asamblea Legislativa. Disponiéndose, que de haber pertenecido la propiedad al Gobierno Central durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la solicitud de expropiación, la acción de expropiación forzosa del Municipio no contravendrá el fin público, si alguno, para la cual el Gobierno Central haya reservado la propiedad en la transmisión del dominio. En dicho caso deberá acompañar por lo menos dos (2) tasaciones realizadas por dos (2) evaluadores de bienes raíces, debidamente autorizadas para ejercer en Puerto Rico o en su lugar, una sola tasación de un evaluador de bienes raíces debidamente autorizado, ratificada por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y una certificación registral. En los casos en que contemple la expropiación de terrenos y viviendas, dentro de las comunidades reconocidas como especiales, de acuerdo a la Ley Núm. 1-2001, conocida como “Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales”, se requiere una Resolución Conjunta de la Asamblea Legislativa autorizando dicha acción. La ratificación de la tasación por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales deberá emitirse en un término de sesenta (60) días calendario una vez recibida la solicitud por parte del Municipio. De no recibirse la misma, se entenderá que la agencia está en conformidad con la tasación”. (Énfasis nuestro).

Comunicado de Prensa: Segunda Página.

De modo semejante, la Ley 1-2001, según fue enmendada y conocida como: Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico, decreta en el inciso (e) de su Artículo Tres (3) que, y cito ––“en coordinación y participación de los Gobiernos Municipales como un componente fundamental en la identificación de las comunidades especiales y sus necesidades, en la elaboración de planes estratégicos de desarrollo comunitario y en la colaboración hacia la implantación de estos planes, asegurándose de que se cumpla con la política pública establecida en el Artículo 2 de esta Ley a los efectos de que, en aquellos casos en que dichos planes municipales contemplen la expropiación de terrenos y viviendas dentro de las comunidades reconocidas como especiales de acuerdo a esta Ley, se requiera una Resolución Conjunta de la Asamblea Legislativa autorizando dicha acción; que haya sido objeto de estudio y consideración mediante vistas públicas en ambos cuerpos legislativo a las cuales hayan sido invitados los municipios y los líderes comunitarios concernidos y tal Resolución Conjunta deberá certificar que la Oficina para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión, ha realizado una consulta comunitaria en la cual el setenta y cinco (75) por ciento de los que ejerzan su derecho al voto, endosan las expropiaciones y que además dicha consulta se llevó a cabo de acuerdo al proceso establecido por dicha Oficina”. (Énfasis nuestro).

Por último, este lenguaje se estableció para proteger a las comunidades especiales y los sectores más vulnerables de nuestro país. Este, se asentó en virtud de la Ley 1-2001, Id., como también, para evitar el desplazamiento de estas poblaciones que, lamentablemente, son asociadas con bajos niveles de escolaridad, falta de recursos económicos y desventajas sociales, de parte de cualquier gobierno municipal. No es la primera vez que suceda este tipo de acción. En los pasados años algunas municipalidades intentaron desplazar a estos sectores por la vía de la expropiación forzosa o peor aún, declarándola un estorbo público. Aun, identificándolas como comunidades especiales, el trato es arbitrario.

Después de todo, las enmiendas provocarían eliminar esa protección en la Ley de Municipios Autónomos, aunque sendos Proyectos no procuran enmendar la Ley de Comunidades Especiales. Aun así, la protección queda descubierta bajo la Ley de Municipios Autónomos y dejaría una puerta abierta al desplazamiento de comunidades. Esta acción levantaría pleitos legales donde sería altamente probable alguna interpretación judicial a favor del ayuntamiento.

“El problema no es la medida que desee enmendarse, es la acción detrás de las palabras, donde se traiciona el desarrollo y la dignidad humana. ¿Por qué etiquetar la pobreza con enfoques triviales y maquillar el progreso, y la equidad amparadas en la expropiación impuesta? El ser humano busca la pluralidad en su objetivo de alcanzar opciones de progreso y libertad. Este, responde a lo más básico en su escala de necesidades y nosotros, y nosotras, ponemos una gran piedra en ese camino. La desigualdad no es crecimiento económico…, la sustentabilidad y autogestión son más que luchas de clase, es la condición humana por encima del Estado”, dijo el senador Vargas Vidot.
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