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Cero tolerancia en Corrección ante fuga de confinados

San Juan, Puerto Rico (18 de octubre de 2017) – En el día de ayer, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) dio por culminado el proceso disciplinario que se generó como consecuencia de la evasión de 5 miembros de la población correccional el pasado 4 de junio en la Institución Correccional Ponce 1000. El personal identificado como responsable de dicho suceso fue sancionado conforme los parámetros y el procedimiento establecido por el DCR para atender estas situaciones.

El secretario de la agencia, Erik Rolón Suárez, informó que la determinación incluyó como medida disciplinaria la imposición de una suspensión de empleo y sueldo por 30 días laborables contra el sargento Alexis Irizarry Sepúlveda. En el momento en que se suscitó la evasión, éste fungía como el supervisor de turno, función que realizó de manera negligente.

“Se demostró que Irizarry Sepúlveda no ejerció una supervisión efectiva del personal a su cargo, ni tomó las medidas necesarias a su alcance para evitar la evasión de los confinados. Este proceder evidencia negligencia e indiferencia en la realización de sus ejecutorias, lo cual puso en riesgo la seguridad del pueblo de Puerto Rico y es inaceptable por esta administración”, expresó Rolón Suárez, luego de concluir el debido proceso de ley aplicable.

Asimismo, en el desafortunado suceso también estuvo involucrado el oficial correccional Japhett Eli Olivera Colón, quien también fue suspendido de empleo y sueldo por 15 días laborables. Como parte del procedimiento llevado a cabo por el DCR, conducente a la aclaración de los hechos, se probó que éste incurrió en clara violación a las normas de seguridad omitiendo llevar a cabo una inspección y vigilancia cuidadosa de los confinados evadidos. Y es que se hubiera podido evitar la fuga si este oficial correccional hubiese actuado en cumplimiento estricto de las normas de seguridad establecidas.

El titular de la agencia afirmó que las medidas disciplinarias tomadas son una muestra adicional del compromiso inquebrantable que el DCR ostenta con el afianzamiento continuo de la seguridad pública. “Es por esa razón que cualquier suceso que acarree la evasión de algún miembro de la población correccional, es y será investigado con el mayor rigor. Es nuestro deber procurar que estas situaciones no queden impunes, para de esta forma a su vez desincentivar futuras actuaciones negligentes por parte del personal de seguridad correspondiente. No resulta aceptable este tipo de actuación en un área tan sensitiva y esencial para el país como lo es el mantenimiento de su seguridad pública”.

En cuanto a la fuga respecto a Reynaldo Ortiz Rodríguez, conocido como “El Chapo Boricua”, un total de 14 empleados y funcionarios son objeto de procesos disciplinarios que están pendientes de resolución. De igual forma sobre la fuga del pasado viernes en Guayama, donde una ex oficial correccional se hizo pasar por agente del NIE, el superintendente, comandante y director de seguridad del complejo fueron removidos inmediatamente de sus designaciones.

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