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Colegio se opone a intentos de privatización del Educación y la AEE

El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR), enumeró las razones por las cuales las medidas para privatizar dependencias gubernamentales se presten para discriminar a ciertos grupos marginados de la sociedad.

Para el presidente del gremio, el profesor Larry Emil Alicea Rodríguez, la privatización de agencias como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el Departamento de Educación (DE), representan estrategias desenfocadas que no necesariamente se ajustan a la realidad social de Puerto Rico.

“Nuestro Colegio postula que la privatización convierte en mercancías los derechos de las personas. Con servicios tan imprescindibles, como lo son la energía eléctrica y la educación, al menos desde el sistema actual público, los derechos de todos los individuos tienen que ser garantizados por el estado. En la industria privada la prestación de servicios está sujeta a otros parámetros con menor rigurosidad, particularmente para los sectores empobrecidos y personas con situaciones de salud física y mental”, destacó Alicea Rodríguez.

Según el CPTSPR, Puerto Rico tiene sobrados ejemplos de privatización que no han funcionado y demuestran cómo aumenta la ineficiencia en los servicios con esos programas no solo en la isla, sino también en otras jurisdicciones.

El Colegio señala, por ejemplo, que en el caso de la educación, los modelos de las llamadas Escuelas Alianza o charter en su mayoría representan un deterioro en las condiciones laborales evidenciadas en la pobre paga y reducción de beneficios marginales a sus empleados. En varios lugares, inclusive, se han prestado para corrupción y pobres servicios educativos.

Por otra parte, “nos preocupa el papel de los profesionales del trabajo social en estos modelos y cómo a base de servicios privados se prescinda de mecanismos de apoyo esenciales para las poblaciones infanto-juveniles que actualmente reciben del DE. Todos estos señalamientos son preguntas que aún no se han contestado, y la ciudadanía necesita conocer todos los detalles sobre los cambios de los servicios vitales que reciben del gobierno,” expresó el Presidente.

El gremio, que reúne a miles de profesionales del trabajo social en el país, cuestionó que ante la incapacidad para administrar el aparato público, la respuesta del Ejecutivo es entregarlo a lo privado.

Sobre todo ante el histórico llamado del CPTSPR a abordar la administración de estas agencias basada en la participación ciudadana. Los que garantiza que los servicios que se prestan desde esas dependencias se ofrezcan desde una filosofía de derechos.

“Nuestra institución militará junto a otras organizaciones sociales que defienden la prestación de servicios públicos desde una perspectiva de derechos y no como un producto para la venta”, concluyó el Trabajador Social.

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