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“La investigación que realiza el Departamento de Justicia sobre los hechos relacionados al expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rafael Ramos Sáenz, es realizada por fiscales de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor. Esta oficina, además de realizar investigaciones de índole criminal, está totalmente independiente a todas las demás divisiones dentro del Departamento de Justicia. En esta investigación no tiene injerencia la Oficina del Procurador General.

Del Ministerio Público entender que como resultado de su investigación deben realizar algún referido de carácter ético de alguno o de todos los abogados participantes del “chat”, lo referirá al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Conforme a la Ley 205-2004, según enmendada, Ley Orgánica del Departamento de Justicia, el Procurador General inicia y conduce todo procedimiento que le fuera ordenado iniciar o conducir por el Tribunal Supremo en casos de conducta profesional contra abogados y notarios. No obstante, el Tribunal Supremo puede realizar investigaciones sin utilizar la Oficina del Procurador General.

Una vez culminada la investigación de la División de Integridad Pública se harán los referidos correspondiente contra cualquier funcionario.

Es importante destacar que además la Oficina de Administración de los Tribunales realiza una evaluación de este mismo asunto al amparo de sus facultades”.

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