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Gobernador Rosselló Nevares inaugura programa para atender la transición de confinados con problemas de adicción hacia la comunidad

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares inauguró hoy las instalaciones del Offender Reentry Program (ORP), iniciativa que busca promover y facilitar el acceso a servicios de tratamiento relacionados al uso de sustancias en confinadas y confinados que estén próximos a cumplir su sentencia y a reintegrarse a la libre comunidad.

La iniciativa, inaugurada en el Hospital de Psiquiatría Forense de Río Piedras, es una de las medidas dirigidas a atender el problema de uso de opiáceos en Puerto Rico.

“Este programa forma parte de las iniciativas que hemos implementado para atender con responsabilidad y premura la situación de opiáceos en Puerto Rico. No podemos permitir que en la Isla surja una crisis como en otras jurisdicciones de los Estados Unidos, por lo que esto representa un gran avance en la lucha contra las adicciones”, expresó el primer ejecutivo.

 

Rosselló Nevares añadió además que “daremos atención al proceso de recuperación de los confinados con problemas de adicción, ya que les ayudará a reducir las recaídas en el uso de sustancias”.

El primer ejecutivo realizó el anuncio junto a la administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Suzanne Roig Fuertes y el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Erick Rolón Suárez.

Según el primer ejecutivo, el ORP aumentará el acceso a servicios y reducirá barreras hacia el tratamiento en comunidad. De igual forma, sentará las bases para reducir el reingreso de los usuarios a las instituciones carcelarias por delitos relacionados a la adicción.

“Para lograrlo, se implementarán múltiples e innovadoras estrategias preventivas que involucrarán política pública; estrategias de automanejo del tratamiento por parte del participante; a las autoridades de respuesta rápida; y a los profesionales de la salud que intervienen en situaciones de sobredosis de sustancias”, puntualizó Rosselló Nevares.

Por su parte, Roig Fuertes explicó que, para prevenir y reducir el número de muertes a causa del uso de opiáceos en Puerto Rico, ASSMCA realizará intervenciones en las instituciones penales y luego en la comunidad.

“Nuestra agencia ofrecerá servicio directo a los confinados en las instituciones penales previo a cumplir su sentencia y hasta un máximo de 90 días después de su salida a la libre comunidad. Estaremos identificando áreas de necesidad de tratamiento y canalizaremos los servicios de acuerdo con un plan de salida individualizado”, sostuvo Roig Fuertes.

La administradora de ASSMCA indicó además que “también enlazaremos al participante directamente a cuidados médicos, de salud mental o con servicios complementarios en la comunidad, ya sea iniciando o manteniendo una continuidad de servicios”.

Durante ese proceso de transición, indicó Roig Fuertes, la persona contará con un enlace de la agencia que lo conectará directamente con el lugar donde recibirá su tratamiento, de manera que no se interrumpa.

Mientras, el secretario del DCR sostuvo que “este es un importante programa de rehabilitación, que no solo ayuda a los miembros de la población correccional, sino también a sus familias, ya que asegura que una vez en la libre comunidad no vuelvan a caer en los delitos que los llevaron a entrar a las instituciones correccionales. Es muy importante para ayudar en su reintegración a la libre comunidad”.

Los participantes elegibles al programa serán adultos con historial de uso de opiáceos que se encuentren a un término de 120 días de cumplir su sentencia en una institución penal y que no se benefician de ningún privilegio en la libre comunidad, como probatoria, libertad bajo palabra, supervisión electrónica o desvío, entre otras.

En el caso de las féminas, estas pueden ser elegibles participantes con historial de uso de cualquier tipo de sustancia.

El programa se estableció mediante un acuerdo de colaboración entre ambas agencias gubernamentales, firmado el 15 de febrero de 2017. El ORP será sufragado con fondos federales y se implementará en dos fases.

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