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FMPR exige información a Educación sobre vales educativos y escuelas chárter

«Los vales educativos son una manera de transferir fondos públicos a empresas privadas. Le quitan dinero a las escuelas públicas para dárselo a empresarios que hacen de la educación una manera de obtener ganancias», expresó Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), al reaccionar al anuncio del Departamento de Educación de que a partir de agosto se otorgarán unos 3,000 «vouchers» que permitirán a estudiantes transferirse a colegios privados.

El 30 de noviembre de 1994 el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en votación 5 a 2, declaró inconstitucional el programa de vales educativos que intentó implementar Pedro Rosselló González por constituir una manera de sostener instituciones educativas mediante fondos públicos. La Constitución de Puerto Rico señala en su Artículo II, sección 5 que “No se utilizará propiedad ni fondos públicos para el
sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado.”

«La Constitución prohíbe expresamente usar dinero público para financiar empresas educativas privadas. Sin embargo, el Tribunal Supremo actual, atendiendo a criterios político partidistas, declaró constitucional esta práctica. Los vales son una manera de auxiliar a colegios privados que se encuentran en crisis», manifestó la portavoz federada.

El Departamento de Educación dispondrá de $19.3 millones de su presupuesto para otorgar 3,000 vales. Esto representará $6,433.00 por estudiante para colegios privados. De acuerdo a la agencia el Programa de Libre Selección de Esçuelas se ampliará hasta incluir unos 9,000 estudiantes.

«La implementación de este programa significará una reducción significativa en la cantidad de estudiantes matriculados en el sistema público y, por lo tanto, la eliminación de 150 plazas de maestros en el Departamento de Educación. Son educadores que no serán empleados y serán forzados a abandonar el país o aceptar plazas en colegios privados con salarios de hambre y sin ningún beneficio y seguridad de empleo», advirtió la líder magisterial. Cuestionó que sea el propio gobierno el que contribuya a reducir la matrícula de estudiantes y propicie el cierre de más escuelas.

«La Federación de Maestros rechaza que, más en un momento de crisis fiscal, se utilicen los fondos de las escuelas públicas para financiar colegios privados. Esto solo contribuirá a ahondar la escasez de recursos para nuestros niños y jóvenes», apuntó Martínez Padilla.

El sindicato magisterial indicó que ha presentado distintas propuestas que pueden elevar los niveles de excelencia del sistema educativo. «Defendemos establecer un tope razonable de estudiantes por salón que propicien una atención individualizada a los estudiantes, adicionar recursos humanos, económicos y de facilidades, maestros sustitutos para que los niños y jóvenes estén atendidos en todo momento y no pierdan tiempo lectivo, periodos de clases de 50 minutos que propician diversificar la formación de los estudiantes. Los maestros más preparados están en la escuela pública y todo gobierno responsable debiera apuntalar la educación de nuestros niños», reclamó.

Exhortamos a los padres y madres a no matricular a sus hijos en estos colegios y exigir que se fortalezca la educación pública. Nuestros estudiantes no son mercancía ni deben estar a expensas de las ansias de lucro de empresas educativas privadas. Son seres con necesidades, expectativas y sueños. Su formación debe ser primordial», afirmó Martínez Padilla. 

Por otro lado, la dirigente sindical recordó que «el Departamento de Educación se comprometió a anunciar en mayo y luego en junio las escuelas que proyecta privatizar y no ha cumplido».

«Las comunidades escolares tienen el derecho de conocer en detalle esta información pues afecta directamente las condiciones de empleo de los maestros y la educación de sus niños. Es insólito que un proceso que crea gran incertidumbre y puede implicar traslados de educadores y estudiantes no se informe para ser evaluado y que la gente afectada pueda reaccionar. Las comunidades escolares tienen derecho a ser escuchadas», dijo.

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