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La Coalición 8 de Marzo convoca a todo Puerto Rico este próximo domingo, 8 de marzo, a una jornada de celebración y denuncia, a manera de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Como todos los años, mujeres y personas de las comunidades LGBTTQIA+, tomarán las calles para exigir, tanto el fin de las políticas de austeridad, avaladas por la presente administración gubernamental, como las condiciones propicias para una vida digna, libre de violencias machistas.

Este año, la jornada de lucha está dedicada a Adolfina Villanueva —quien fue asesinada a manos de la policía de Puerto Rico hace 40 años en la comunidad de Loíza, simplemente por haber defendido su hogar—, así como a las mujeres afectadas por los recientes terremotos, que día a día construyen y mantienen unidas a sus comunidades.

La jornada del 8 de marzo comenzará con una marcha que partirá de la Fortaleza y culminará en el Capitolio, donde habrá actos artísticos y políticos. Las mujeres y las comunidades LGBTTQIA+ marcharán con el fin de hacer valer las siguientes exigencias: la separación de iglesia y estado; la publicación de un protocolo con perspectiva de género para el manejo de desastres; la destitución inmediata de la procuradora de las mujeres, Lersy Boria, quien ha demostrado su plena incapacidad y desconocimiento de los asuntos de las mujeres; la declaración de un estado de emergencia debido a la violencia de género; la cancelación de la deuda pública; una recuperación justa que tome en consideración las necesidades de las comunidades afectadas por los huracanes y terremotos; y, finalmente, que se haga justicia en el ofrecimiento de servicios y atenciones para la niñez y las personas jubiladas.

“Nuevamente las mujeres hemos demostrado que somos nosotras las que levantamos el país, a pesar del desastre político. El mal manejo por parte del estado, así como el de la procuradora de las mujeres, Lersy Boria, han demostrado la apremiante necesidad de revisar y publicar un protocolo para el manejo de desastres con perspectiva de género. Un ejemplo de la incompetencia del gobierno es la situación con las escuelas: no solo son inseguras, sino que el gobierno ha sido incapaz de establecer un plan para que las y los estudiantes puedan retomar las clases. Por eso exigimos la publicación de un protocolo con perspectiva de género. A su vez, urge identificar las necesidades particulares de las comunidades afectadas, tanto por el huracán María, como por los recientes terremotos. Cuando exigimos la recuperación justa, demandamos que sean las comunidades las que decidan cómo se deben llevar a cabo los trabajos de reconstrucción”, comentó Eva Ayala, portavoz del grupo magisterial EDUCAMOS.

Desde hace tiempo se sabe que las escuelas presentan problemas de salud y seguridad. A estas alturas el gobierno no ha elaborado un plan para fortalecer las escuelas, ni una estrategia para que los y las estudiantes puedan retomar sus clases. Así como hicieron después del huracán María, ahora, durante este período sísmico, pretenden aprovechar el desastre y sufrimiento del pueblo para empujar su política de cierre de escuelas, privatización de la educación y arrebatarles a nuestros hijos e hijas el derecho a una educación pública y de calidad. Por eso, exigimos que se identifiquen las necesidades de las comunidades afectadas por ambos fenómenos naturales, y que se publique e implante un protocolo con perspectiva de género que las atienda de forma adecuada.

“Cuando hablamos de una recuperación justa estamos exigiendo que se cuente con las comunidades en ese proceso de recuperación y fortalecimiento de las escuelas, que ese proceso se realice con la mayor premura, y que se les garantice —tanto a los y las estudiantes, como a las maestras y lod maestros—, lugares seguros donde estudiar y trabajar, libres de riesgos a su salud y a su vida. Hacemos particular énfasis en el hecho de que sobre un 85% del magisterio son mujeres”, señaló Ayala.

De la misma forma, la violencia machista que se vive en las calles, y que volvimos a sufrir con el asesinato de Alexa, es un flagelo que nos enfrenta a la urgencia de declarar inmediatamente un estado de emergencia. “La constante intromisión de los fundamentalismos religiosos en los asuntos del estado es cómplice de la violencia machista que vivimos a diario. Los persistentes intentos de generar una legislación fundamentada en doctrinas religiosas violentan el derecho a la autonomía de nuestros cuerpos, nuestro derecho a decidir sobre los mismos, nuestra salud e, incluso, nos arrebata nuestras vidas. El Proyecto del Senado 950 de la Senadora y Pastora Nayda Venegas, y el nuevo proyecto de Código Civil de Tata Charbonier y el sacerdote Carlos Pérez, son ejemplos de medidas influenciadas por creencias religiosas y que aún amenazan con ser aprobadas en esta sesión legislativa. La educación pública sin perspectiva de género e influenciada por sectores religiosos ofrece información sesgada a la juventud y no la prepara para desarrollar relaciones equitativas, ni seguras, ni tampoco promueve una educación sexual integral. Por el contrario, el Departamento de Educación ha promovido, en el pasado reciente, talleres de moral sexual en iglesias cristianas, pagados con fondos públicos y promocionados engañosamente a estudiantes y familiares. Las expresiones de odio basadas en argumentos religiosos, por parte de personas en el poder público —ya sean en la rama ejecutiva, legislativa o judicial—, desinforman y crean un ambiente propicio para la violencia. Reclamamos por tanto un estado laico real, que cumpla con el mandato constitucional de la completa separación de iglesia y estado, y que se traduzca, entre otras cosas, en leyes que protejan el derecho a la autonomía de nuestros cuerpos y nuestras vidas, en acceso a una salud sexual y reproductiva diseñada para todas las personas, en una educación pública con perspectiva de género y en una educación sexual integral”, comentó Marielle de León, portavoz de La Sombrilla Cuir.

Por último, las mujeres y las comunidades LGBTTIQA+ vuelven a marchar en contra de una deuda ilegítima e ilegal, y se suman a los reclamos de Jubileo Sur para exigir reparaciones por las décadas de corrupción y del saqueo de los bienes públicos: “No toleraremos que sigan usando la excusa de la deuda para seguir eliminando derechos laborales y políticos. No vamos a permitir ningún recorte ni a las pensiones, ni a la educación de nuestro pueblo; estamos en las calles y seguiremos en las calles para defender los servicios básicos necesarios para tener una vida digna. Nos deben: la deuda es con el pueblo de Puerto Rico; repudiamos la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal, exigimos que se comience un proceso de reparaciones en donde se evidencien los daños causados por el endeudamiento y la militarización de Puerto Rico; y le dejamos bien claro al gobierno colonial de Puerto Rico que las mujeres y las comunidades LGBTTIQA+ seguiremos construyendo una vida digna para todas las personas” arguyó, por su parte, Christopher Korber, drag king puertorriqueño.
“Orgullo, Memoria y Resistencia” será el lema que enmarcará las protestas del 8 de marzo. Para la Coalición, así como para las comunidades LGBTTQIA+, el “orgullo” es un sentimiento positivo que reconoce la autonomía de los cuerpos y el derecho de ser libre para expresarse y vivir feliz y dignamente. Además, la actividad será en memoria de todas las pioneras y luchadoras que forjaron el camino transitamos. La Coalición luchará en memoria de mujeres como Adolfina Villanueva y Alexa, quienes lucharon por el derecho a vivir dignamente y resistieron normas patriarcales, pero fueron víctimas de la violencia machista, racista y capitalista. La jornada del domingo 8 de marzo, más allá de visibilizar las protestas de las mujeres, procura continuar denunciando, resistiendo y combatiendo las situaciones de violencia y austeridad que sufre a diario nuestro país.

Convocan marcha de Fortaleza al Capitolio